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El Consejo de la Magistratura advirtió que el caso de los jueces José Marcelo Barrientos y Jorge Humberto Viscarra, destituidos ayer acusados de extorsionar a una mujer para cambiar una sentencia, puede derivar en un proceso por consorcio entre ambos magistrados y el fiscal Félix Augusto Marín, que acusó de violación al hijo de la señora que los filmó cuando Barrientos pedía dinero para allanar una sentencia de menos años.

El fiscal de distrito de La Paz, Marcelo Rollano, señaló que “en el video, el juez habla de una sentencia producto de un juicio oral. La acusación fiscal dice violación y el juez ofrece modificar la sentencia. No da opción a analizar si podía ser una sentencia absolutoria, promete cambiarla para hacerla favorable al imputado”.

La representante departamental del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, dijo que se querelló contra el ahora ex juez Barrientos por los delitos de extorsión, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa. “No cerramos la posibilidad de ampliar a consorcio, pero no todavía, porque eso se determinará en la etapa de investigación, y ojo, es una posibilidad, eso tiene que determinarlo la investigación. Por ahora solo son denuncias”.

Pero, el fiscal Rollano abre el paraguas y señala que en esa fase del proceso, en virtud al principio del Iura novit curia (el juez conoce el derecho) puede modificar el delito y decir que el fiscal no demostró que hay robo, sino hurto. El fiscal debe respetar esa decisión, aunque puede apelarla”, señaló.

El consorcio, que se basa en la asociación de fiscales, jueces e incluso abogados para lograr beneficios económicos a partir de coimas que se arrancan a los litigantes es un problema recurrente en los juzgados paceños, pero que son casos muy difíciles de probar, como el caso de esta señora, “que fue valiente”, dijo la magistrada.

“Hay muchos casos en investigación, se dan a conocer en los juzgados, en las inspecciones se denuncian, pero hay que investigar porque probarlo es difícil. Estoy segura de que esos casos se repiten todos los días”, afirmó Limachi.

Antecedentes
José Marcelo Barrientos es un juez con carné de identidad expedido en el departamento de Cochabamba.

EL DEBER accedió a su declaración jurada de bienes, que muestra un patrimonio neto de Bs 185.500, que representa una suma cercana a los $us 27.000. El exjuez no tiene deudas contraídas, según el documento actualizado el 21 de mayo. La representante del Consejo de la Magistratura en La Paz informó de que no tiene antecedentes previos, es decir, nunca antes fue procesado por algún hecho relacionado con corrupción.

Barrientos ingresó como juez en La Paz a través de una convocatoria emitida el 2013 por el Consejo de la Magistratura, se postuló como titular. “Todos los abogados tienen la posibilidad de presentarse. Después de someterse a los exámenes de competencia, fue calificado por la sala plena, que en ese entonces estaba a cargo de la doctora Cristina Mamani. Su designación salió en Sucre”, manifestó. Fue juez anticorrupción, efectivamente desde inicios de 2014 hasta ayer.

Otros datos señalan que antes de su postulación trabajó como abogado de régimen disciplinario en el Consejo de la Magistratura, y que era muy cercano a los magistrados Francisco Tarquino y Cristina Mamani. “Es evidente, porque mi persona fue parte del Ministerio Público, y entonces ahí lo vi, era parte del régimen disciplinario liquidador”, manifestó Limachi.

En el caso del exjuez Jorge Humberto Viscarra, tiene un patrimonio neto de Bs 7.333.200 y una deuda de Bs 35.000.
Ambos fueron destituidos definitivamente de sus cargos ayer por una determinación de la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mientras que el jefe del Ministerio Público paceño, Marcelo Rollano, mostró una carta en la que se reporta la destitución también definitiva del fiscal Félix Augusto Marín, por una resolución que corresponde a una falta gravísima cometida en otro caso, que no quiso detallar. “Por lo tanto, se lo puede someter a proceso penal pero ya no el disciplinario”, acotó.

Los hechos

Los casos de corrupción son cotidianos en La Paz. Limachi reveló que por semana se presentan, en promedio, 40 denuncias en contra de los operadores de justicia.

“Se reciben entre 40 y 50 por incumplimiento de deberes, no solamente contra jueces, sino también apuntan a oficiales, auxiliares y secretarias de juzgados, porque no notifican, no salen las actas de juicio o no emiten resoluciones judiciales”, manifestó.

En un año se presentan casi 2.000 denuncias, según ese dato. “Este año, se procesan de 30 a 40 jueces en la vía disciplinaria y son cuatro en la vía penal”.

Dos exvocales, Ricardo Chumacero y Ramiro López, por el caso Belaúnde; la jueza de familia Rita Fernández y Lilian Suárez, quien trabajaba en El Alto, por cobro de dinero.

Patricia, madre del imputado que filmó al juez con una cámara espía, señaló: “Ellos actuaron mal pidiéndome dinero, ahora temo por mi vida y por la de mi hijo, pido que el presidente Evo Morales me dé las garantías”. Manifestó que no fue la primera vez que un juez le pidió dinero. Reveló que otra administradora de justicia lo hizo a través de su abogada, “pero eso no me consta, así que no puedo perjudicar a la persona