Con el semblante tranquilo, mientras esperaba ingresar junto a la Fiscalía y la Policía a su oficina en el piso 14 del edificio Mariscal Ballivián, Amilcar Barral conversó con EL DEBER acerca de las denuncias de presunta extorsión, uso indebido de influencias y cohecho pasivo que pesan en su contra.

“Estaba en mi oficina trabajando, han venido como 20 policías e ingresaron", expresó Barral. "El que nada tiene nada teme, primero me dijeron 'este sobre es dirigido a usted', pero a mi no me encontraron nada, en poder de ningún sobre, con plata, nada", explicó Barral, quien solicitó de manera voluntaria el registro de sus oficinas. 

El diputado aseguró que esta denuncia surge por las investigaciones que realiza sobre el cobro ilegal de hasta 10.000 dólares por celdas en el centro penitenciario de San Pedro en La Paz. “Patana tiene tres celdas y kioscos. Están derrumbando un baño de uso público para los internos, para construir un restaurante que lo hace Patana”, señaló. 

Barral aseguró que las denuncias que ha realizado en torno a la comercialización de celdas ha sido con información que se brindó desde el interior de San Pedro. Hoy, martes su asistente debía ir a recoger más denuncias, cuando fue interceptado por la Policía. 

Pocos minutos antes de ingresar a su oficina con el fiscal y la Policía, Barral considera que la investigación se está realizando con transparencia. “Esperemos que no se politice”, concluyó.

Según el informe de la Policía, un interno (denunciante del caso) del penal de San Pedro  entregó un sobre a otro interno intermediario, éste llamó a una persona externa (asistente del diputado) para que recoja el paquete con dinero. Previamente, el reo intermediario habría separado su parte en la extorsión.

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