Desde el pasado viernes, Patricia Salazar no es más responsable de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), filial Santa Cruz.

La información fue confirmada este lunes por Marcelo Gutiérrez, director nacional de Dircabi, quien informó que la ahora exfuncionaria pública, fue destituida a raíz de la repercusión generada por el proceso que ella enfrenta por el delito de estafa con múltiples víctimas, causa iniciada en 2016 y por el que Salazar estuvo presa en la cárcel de Palmasola.

Gutiérrez dijo que se consideró que, para evitar más susceptibilidades por este tema, se decidió cesar de sus funciones a Salazar para que enfrente el "proceso penal (que) es un tema particular" y del que, "nosotros como Dircabi, como Ministerio de Gobierno, desconocíamos de la existencia de esta causa judicial".

Consideró también que no hubo fallas en su designación inicial pues cumplió con todos los requisitos exigidos por ley y que incluso el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que ella no tenía una sentencia ejecutoriada por lo que legalmente estaba habilitada para desempeñar funciones.

"No ha fallado nada; el reglamento del personal interno dice que se deben cumplir condiciones para acceder al cargo, se ha cumplido a cabalidad todos los requisitos; sin embargo, esta situación se ha generalizado hacia todos los funcionarios (...) en teoría nada le impide a que acceda al cargo porque no había sentencia ejecutoriada", puntualizó.

Gutiérrez también hizo referencia a la publicación hecha por EL DEBER en el que se hacía una radiografía del caso de estafa que investiga el Ministerio Público en contra de Salazar y cuestionó el hecho de que se dé a conocer "las cosas malas" y no las "cosas positivas" conseguidas en la institución que dirige. "Estamos viendo a quién vamos a colocar", dijo en respuesta a quien podría ocupar el cargo en Santa Cruz.

También puedes leer: