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Richard P.Q. (43) es el presunto autor de la violación y embarazo de una niña, de 14 años, que la semana pasada fue sometida por médicos de la maternidad Percy Boland a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El sujeto fue aprehendido el 17 de abril y, dos días después, un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Palmasola por el delito de violación agravada de infante, niña, niño o adolescente, cuya pena puede ser de hasta 25 años de privación de libertad.

El hecho fue calificado como repudiable por autoridades de justicia, que también tildaron de deplorable el aborto legal practicado en la adolescente por parte de médicos del centro maternológico que, en criterio del ministro de Justicia, Héctor Arce, no debieron proceder a la interrupción, tomando en cuenta el avanzado estado de gestación de la menor y las altas probabilidades de vida del feto.

El caso de la muchacha embarazada salió a la luz a principios de abril, cuando la madre notó abultado el abdomen de su hija y, en tono de broma, le dijo: “tu barriga está grande, casi al tamaño de la mía”, pues la progenitora también estaba esperando un bebé.

La adolescente no le dio importancia y pensó que estaba engordando, pero una de sus hermanas mayores quedó con la pena y en las horas siguientes le hizo la prueba del embarazo que resultó positiva.

Acción contra el sindicado

Ante la evidencia, la menor confesó que había sido violada por el marido de su patrona, a quien ayudaba en la venta de abarrotes en una tienda de barrio. En la entrevista sicológica, tomada por un equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, reveló que Richard P.Q. la sometió tres veces a ultrajes sexuales los días 8, 11 y 14 de diciembre del año pasado.

El testimonio de la pequeña, ubicado en tiempo y espacio, según consideró el personal profesional de la Defensoría, fue uno de los indicios firmes que sirvió para que la fiscal Herminia Prado dispusiera la aprehensión del sujeto y su posterior presentación ante un juez cautelar.

Richard P.Q. guarda detención preventiva en Palmasola mientras el Ministerio Público reúne las pruebas suficientes en la etapa preparatoria, proceso previo al juicio oral contra el sospechoso que persiste en su inocencia.

En las diligencias complementarias que cursan en el expediente, figura la solicitud de parte de la familia afectada para la realización de un estudio de ADN al procesado para compararlo con el de la niña que, pese al proceso abortivo al que fue expuesta, sobrevivió al nacer en la semana 26 de su gestación, con un 1,1 kilo de peso y, ahora, recibe atención en una sala de terapia intensiva de la maternidad.

Posición de autoridades

El proceso de la ILE en la precoz madre ha causado polémica a escala nacional y todos los dardos apuntan al personal médico de la maternidad Percy Boland por haber llevado adelante el procedimiento, pese a que el proceso abortivo fue pedido por escrito por la familia de la niña al director del centro, Federico Urquizu, basado en la Sentencia Constitucional 026/2014.

Asimismo, el 30 de abril, una junta médica del hospital de la mujer, firmada por tres ginecólogos obstetras, informó que no era procedente realizar la ILE, porque el tiempo para la interrupción del embarazo había excedido el término.

Mirael Salguero, fiscal departamental de Santa Cruz, lamentó la decisión de los médicos, pues cree que se debió aplicar el sentido común pensando en que corría riesgo la vida de la madre y de la criatura.

“Estoy en desacuerdo con ese aborto, porque la chica tenía seis meses de embarazo, casi llegando al final de la gestación. Por más que haya sido producto de una violación tan reprochable, estamos frente a una vida que estaba pronta a nacer. También es reprochable la práctica de ese aborto en esa circunstancia, cuando la criatura está totalmente formada”, expresó Salguero.

La autoridad admitió que las disposiciones normativas no establecen un límite para aplicar un proceso abortivo por causas justificadas. “Antes, había que buscar una resolución del juez, pero hasta obtenerla, el bebé ya estaba por nacer. Para evitar aquello, la jurisprudencia corrigió que con solo la denuncia se puede practicar el aborto. No dice hasta qué mes o semana de la gestación, pero, por un sentido común tendría que ser hasta la décima o duodécima semana, porque más allá el feto está completamente formado”, opinó el fiscal departamental.

Para el ministro Arce, es inconcebible que se hubiera realizado la interrupción del embarazo a más de seis meses de gestación. Todos sabemos que en este periodo una criatura sobrevive. Por lo tanto, no debería considerarse una interrupción”, aseguró.

Arce es consciente de que hay un vacío legal en este aspecto, falencia que debe ser cubierta desde el punto de vista legislativo o jurisprudencial de manera que no vuelva a darse un caso similar.

“Habrá que pensar a futuro en una legislación jurídica o, sino, tal vez que el mismo Tribunal Constitucional se base en la jurisprudencia de otros países para que no se generen estas acciones.

A decir del ministro, el 12 de abril pasado se promulgó una ley para la abreviación procesal de los trámites de adopción justamente para que las mujeres con embarazos no deseados no se deshagan de sus niños y, una vez dados a luz, los entreguen en adopción.

“No es necesario poner en riesgo la vida de personas o atentar contra la vida de una criatura inocente. Pese a las circunstancias en las que haya sido concebida, ella no tiene la culpa. Es un ser humano que tiene el derecho de tener una familia por la vía de la adopción, que es un mecanismo universal y antiguo de generar vínculos de amor, de familia entre los seres humanos”, manifestó Arce Zaconeta.

La autoridad exhortó a los médicos de la maternidad a luchar para salvarle la vida a la pequeña, para luego proceder a lo que corresponda por ley. Arce dijo que pidió a la directora de la Niñez de su Ministerio que recoja información sobre el caso.

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