Opinión

Recurrentes problemas en Derechos Reales

El Deber 8/7/2018 04:00

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Los llamados “Derechos Reales” (DDRR) se aplican en general -y desde siglos atrás- a todo lo concerniente con la propiedad inmueble, trátese de un castillo o de un simple predio. Ese derecho “real” de cada persona (natural o jurídica) debe estar prolijamente señalado en sus límites, tamaño, lugar, etc. Asimismo, en el folio respectivo deberá anotarse cualquier tipo de obligación contraída y que lo tenga como garantía, sea prenda, hipoteca, anticresis, u otro tipo de deuda. Los derechos reales se adquieren y transmiten por ley, donación, sucesión hereditaria, como consecuencia de ciertos contratos, por la tradición y hasta mediante la prescripción. Que todo esto permanezca pulcramente ordenado, es fundamental para la convivencia social y el normal funcionamiento de una comunidad.

En nuestro país DDRR depende del Órgano Judicial, bajo la égida directa del Consejo de la Magistratura. La legislación boliviana en materia de DDRR es ya obsoleta, proviene del Siglo XIX. Con típica pomposidad oficialista, el mes de enero el ministro de Justicia anunció que "pronto" se tendría una nueva norma que reglará con “eficacia” el funcionamiento global de DDRR. Hasta ahora no hay nada, salvo un creciente  caos en las oficinas de esa  entidad, caos que se hace más visible en una plaza vital, como sin duda lo es el departamento de Santa Cruz. El pesado centralismo judicial se hace sentir; de  estas tierras orientales salen las mayores recaudaciones -por ser el centro productivo del país- pero los recursos vienen con cuentagotas. El desorden en DDRR es permanente. 

Bancos, empresas y personas viven desesperados por la tardanza en sus trámites. Cada tanto, no faltan entidades privadas que donan equipos y/o computadoras a DDRR, con la esperanza de colaborar para lograr eficacia en su funcionamiento. Nada pasa,  el “despipore” impera. Para colmo, son frecuentes los nombramientos y despidos intempestivos  de personal. Un rubro tan vital se encuentra politizado y en manos de un poder del Estado que ha mostrado ser  inepto para administrarlo.

En otras latitudes el registro de propiedad inmueble -nombre más contemporáneo que el medieval “Derechos Reales”- es un ente autónomo, apolítico y no está sujeto a tantas arbitrariedades. Es hora de que en Bolivia se haga lo mismo. El Consejo de la Magistratura probó su absoluta ineficacia en el manejo de DDRR. Como están las cosas, lo que se tiene es un obstáculo burocrático retardatario de actividades económicas y generador de problemas múltiples. Una nueva normativa debería  ser capaz de concretar el cambio cualitativo que brinde autonomía, eficiencia  y modernidad a  la Oficina de Derechos Reales ¿Para cuándo será?