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De la misma manera como hace 25 años demostramos que las condiciones estaban dadas para aplicar la Ley de Participación Popular, hoy estamos frente a una insoslayable revolución urbana.

Resulta muy fácil decirlo y el enunciado sin explicación, puede llevar al engaño. No fue fácil hace 25 años asumir que era necesario abrirle la puerta a la ciudadanía y a la responsabilidad en la gestión pública para que se ejecute en todo el territorio, pues ello significaba modificar varios paradigmas que tenían calidad de fe.

Algunos de los temas. Un debate descentralizador con 22 proyectos de ley, que no habían alcanzado carta de ciudadanía por los elementos confrontacionales de que estaban investidos. La argumentación pasaba por actores políticos que cambiaban de espacios, del oficialismo a la oposición y viceversa, y las razones de unos servían al otro cuando cambiaban de oficio. Eso servía para mantener un empate técnico en los discursos mientras en el ministerio de educación, se seguía comprando el material pedagógico, las tizas, almohadillas y pizarrones que después se repartían en todo el país.

¿En qué cabeza se nos podía pasar sin poner en riesgo el equilibrio macroeconómico, el transferir recursos del gobierno central a los gobiernos municipales inexistentes, cuando apenas unos años antes se había sufrido una de las hiperinflaciones más altas del mundo?

¿Cómo se lograría superar la resistencia de los sectores corporativos, comités cívicos, confederaciones sindicales, organizaciones gremiales, profesionales, empresariales, acostumbrados a pelear contra el centralismo, si de repente aparecerían autoridades electas en democracia, con responsabilidades y funciones que debían ser ejercidas en niveles locales?

Las susceptibilidades florecieron por dudas legítimas, desconfianza y miopía. ¿Dónde está la trampa? Cuando la limosna es muy grande hasta el santo desconfía. ¡Esta es una traición a las luchas descentralizadoras y lo que se quiere es confundir a la gente! ¡La Paz pierde! Es una ley maldita…y seguían las letanías que, frente a la sorpresa del nuevo escenario, se trataba con el prejuicio, de anular lo nuevo.

La realidad se impuso y la multiplicación de ciudadanía, gestión pública, desarrollo y economía extendida por todo el país, fue la mejor respuesta frente a campañas orgánicas que no entendía el nuevo país que florecía por todos lados.

Cumplida la tarea, se hace necesario definir los nuevos escenarios y las tareas que ellos nos ofrecen.

Sin duda que el tema urbano, la presencia contundente de ciudades y las responsabilidades que significa vivir en ellas, es la primera. Las concentraciones urbanas demandan servicios y se constituyen en una oportunidad. La gente debe ajustar comportamientos, conductas, formas de relacionamiento, a una realidad que tiene vecinos, que exige planificación del tiempo para los traslados, para asistir a los centros de compras, resolver el tema de la basura y ocupar el tiempo libre. Acompañada de seguridad ciudadana, orden vial y necesidad laboral.

La segunda tarea es la asignación de los recursos. Si el Estado no confía en la gente para dejarla que desarrolle su creatividad y sus capacidades, y sigue pretendiendo pensar por todos, será imposible resolver las necesidades básicas. Un Estado paternalista no es sinónimo de un Estado responsable. El pacto fiscal que se encuentra a mitad de camino, necesita nutrirse de propuestas innovadoras que ofrezcan respuestas generadas en un marco de cohesión social. Tenemos que construir una media de bienestar concertada. Lo conversaremos la próxima semana.