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El juez sexto de Instrucción en lo Penal, Freddy Gutiérrez, suspendió el domingo, por una recusación en su contra, la audiencia de medidas cautelares de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras (2010), Julia Ramos, del senador oficialista, Jorge Choque y el disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Damián Condori, por el caso de corrupción en el Fondo Indígena.

"Nos acaban de informar que la audiencia ya ha concluido, en atención a que alguno de los involucrados ha planteado recusación al juez de El Alto, motivo por el cual se ha suspendido la audiencia", informó la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, en una entrevista con el programa "El Pueblo es Noticia" difundido por medios estatales.

Según un reporte extraoficial, el juez fue recusado por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, en su calidad de denunciante de las irregulares y hechos de corrupción suscitados en el Fondo Indígena, bajo el argumento de que no se pueden "unificar los tres casos" en una sóla audiencia porque se trata de tres delitos diferentes.

El legislador también denunció irregularidades en el proceso, porque los imputados fueron detenidos en días diferentes y los plazos procesales corren de forma distinta en cada caso.

La audiencia de medidas cautelares fue suspendida por segunda vez, tras ser fijada para la víspera.

Las acusaciones 

Según la liquidadora del Fondo Indígena Originario Campesino, Lariza Fuentes, la exministra y dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", fue aprehendida por aprobar ocho proyectos "fantasma" que ocasionaron un daño económico al Estado de 7,5 millones de bolivianos.

En el caso del senador y exdirigente de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, se determinó su aprehensión por no presentar los descargos del desembolso de más de 7 millones bolivianos para tres proyectos que estaban a su cargo y que no fueron ejecutados.

Asimismo, el disidente oficialista y exsecretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) es imputado por recibir dinero para dos proyectos no ejecutados.

En febrero pasado se denunció el caso Fondo Indígena, tras que la Contraloría evidenció 153 obras inconclusas o inexistentes que causaron un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos.