Fiscalía vincula a director de INRA con omisión de deberes y tráfico de tierras

Dentro de la investigación relacionada con la creación de la comunidad campesina Los Cedros, en el municipio de San José de Chiquitos, la Fiscalía de Santa Cruz imputó formalmente a Sergio Abraham Imana Canedo, actual director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y otras ocho personas (dirigentes), por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de tierras y otros.

F. Rojas/A. Rosales

En la relación de hechos de la imputación, a la que tuvo acceso EL DEBER, el denunciante Anacleto A. G. revela que fue víctima de una trampa tejida por el abogado Nilo A.P. quién en agosto de 2015 tomó contacto con él y le indicó que habían tierras en litigio, sitio en el que podían crear una comunidad y entrarse. Alude que así nació Los Cedros, aunque después tuvieron conocimiento de que esa propiedad fue revertida por el Estado (caso Jacob Ostreicher), y declarada tierra fiscal.

El denunciante agrega que después de realizar los trámites -pagados entre todos los adjudicatarios- el 13 de diciembre de 2017 se emitió la Resolución Administrativa de Asentamiento en la cual figuraba como parte de las 20 familias beneficiarias del asentamiento autorizado por el INRA sobre 1.000 hectáreas de las 4.500 que tiene la propiedad Los Cedros.

Da cuenta de que él estaba incluido en la lista de beneficiarios, aprobada por el INRA, previo censo, y que Nilo A.P. y los otros ocho dirigentes le indicaron que si quería ingresar a su parcela debía pagar 500 dólares.

El querellante afirmó que al rehusarse al pago fue expulsado de la comunidad y desconocido por los dirigentes y reveló que los denunciados se dedicaron a la venta de terrenos a varias parcelas libres, aproximadamente 25 a 30 personas, por la suma de $us 5.000.

Supuestamente han creado otras comunidades, en el área del asentamiento, y estarían también traficando parcelas a terceros, no a los beneficiarios censados, cobrando entre $us 5.000 y 10.000 por los lotes. “Todos estos atropellos los denuncié al INRA, pero nunca actuaron. Soy víctima de amenazas”, puntualiza Anacleto A.G.

Argumentos de la Fiscalía

Del análisis de los actuados acumulados en el cuaderno de investigación e informes policiales, la Fiscalía establece que el director del INRA no realizó las tareas de seguimiento y cumplimiento de la función económica social de las tierras otorgadas y no hizo un control del asentamiento de las 20 familias beneficiarias, conforme a la resolución y la nómina. Por otro lado, asegura que de haberse verificado la toma o tráfico de tierras debió intervenir, de oficio o a denuncia, situación que no ocurrió.

En el caso de Nilo A.P., ve que ha tenido una participación en el tráfico de tierras con respecto al destino de la parcela del denunciante. Por estos elementos, la Fiscalía señala que existen suficientes indicios para sustentar que Sergio Abraham Imana Canedo y Nilo A.P. incurrieron en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de tierras, respectivamente.

El aludido se defiende

Desde el INRA Santa Cruz, Sergio Imana refirió que se lo está juzgando por una tierra del Estado, por haber hecho un desalojo de personas que están ‘avasallando’ tierras en desmedro de comunidades.

“La Fiscalía me acusa por no haber ido a verificar el asentamiento de la comunidad Los Cedros. Esa no es una competencia ni atribución de mi persona. Hay un decreto que regula esa verificación y hay una autoridad competente que es el director nacional de distribución y dotación de tierras. Es el encargado”, puntualizó.

En el tema de tráfico de tierras, Imana enfatizó que el INRA jamás lo avalará y aseguró que todas las autorizaciones de asentamientos aprobadas por la administración y distribución de tierras están legalmente emitidas y los procesos de saneamiento están conforme a derecho. “El tráfico de tierras está bien atacado. Como INRA hemos presentado 50 cartas al Comando de la Policía para que haga cumplir los procesos administrativos de desalojo en todo el departamento. El INRA jamás avalará el tráfico de tierras, lo está atacando frontalmente”, sentenció.

En la otra vereda

“No vamos a defender a nadie que esté traficando tierras. No se puede hacer mercancía de esto cuando hay compañeros que necesitan espacios para trabajar”, sostuvo el ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, a tiempo de exhortar al INRA a evaluar que las autorizaciones que hacen garanticen que estas cumplan una función social.

Adolfo León, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos, recordó que las instituciones están reguladas bajo una normativa nacional y si hay incumplimiento de deberes ésta debe hacerse valer. “Somos contrarios al tráfico y venta de tierras. No podemos soportar o socapar actos de esta naturaleza. Es necesaria una investigación para esclarecer esta situación. Los campesinos no tienen títulos individuales para evitar que los compañeros vendan sus parcelas, cuidamos que nuestros compañeros no incurran en esto”, resaltó León.

Entretanto, el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, José Luis Jiménez, señaló que las entidades del Gobierno desde hace muchos años los dejaron a un lado, ocuparon sus tierras y expulsaron a la gente. “Nosotros solicitamos tierras, pero nos piden tener credenciales de otras federaciones que son políticas. Por eso no tenemos nada, no son abiertos con los 10.000 afiliados activos de la federación”, lamentó.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, el vicepresidente Fidel Flores observó que haya un continuo cambio de directores en el INRA, pero señaló que no se deben hacer acusaciones sin investigar sobre el tema y llegar al fondo del asunto en la distribución de tierras.

Visión técnica

En relación a las tierras fiscales, para el director regional de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, el INRA está definiendo el cambio de uso de suelos, distribuyendo tierras de producción forestal permanente para uso agrícola, está transfiriendo tierras que son patrimonio del Estado a dominio privado, mediante la dotación agraria gratuita a comunidades ‘campesinas’ de reciente creación.

“Esta institucionalidad agraria, responsable de la legalidad de la propiedad agraria y de otras formas de tenencia de la tierra, está en crisis por el atropello a la legalidad, por su falta de legitimidad, por la ausencia de transparencia y por su ineficiencia en el nivel técnico. Preocupa mucho lo que está pasando porque cuando una institucionalidad pública se cae por falta de legalidad, legitimidad y transparencia se puede caer todo lo que ella ha hecho, eso pasó con el antiguo Consejo de Reforma Agraria y es probable que pase con el INRA”, sentenció.

Para el responsable de la unidad de agroecología de Probioma, Antonio Sanjinez, quien afirme que desmontar es condición necesaria para cumplir la Función Social y la Función Económica Social debe tener claro que esta actividad va contra la normativa. Sin importar el cargo que ocupa, los empleados públicos no deben utilizarla malintencionadamente para obligar a comunarios (de la región chiquitana y el Pantanal boliviano) a cambiar la vocación tradicional de sus tierras, con el fin de destinarlas a la agricultura y/o ganadería.

Criticó la visión agrarista-extractivista del INRA que desconoce las prácticas productivas tradicionales de las comunidades y el manejo sostenible del suelo, establecidos en las normativas.