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Una comisión de fiscales llegó hasta el municipio de Roboré, para investigar quiénes fueron los causantes de los incendios forestales, que arrasaron con 3,9 millones de hectáreas de bosques y pastizales.

La fiscal Rosmery Barrientos explicó que, por instrucción del fiscal departamental, se conformó un grupo especial de fiscales y policías, y que ya han empezado a recabar información para dar con los autores.

Barrientos explicó que se hará un reconocimiento de los lugares afectados por el fuego y también se tomará declaraciones a autoridades y pobladores, con el fin de acumular datos que permitan llegar a la verdad de los hechos. Ayer se tomó declaración informativa al alcalde de Roboré y a otros funcionarios municipales. “Estamos empezando en esta zona. Sabemos que es una ardua labor, pero vamos a agotar las instancias para descubrir qué fue lo que pasó, quiénes y por qué se originaron los incendios. Nos quedaremos el tiempo que sea necesario”, dijo.

Indicó que se emitirá citaciones para funcionarios de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), de la Gobernación, del Ejército y de otras instituciones. También pidió a las personas afectadas por los incendios y a las que tuvieran datos del tema, contactarlos.

Asentamientos

Sobre el tema de los desalojos de comunarios asentados de forma ilegal en la Chiquitania, el director del INRA, Roberto Polo, dijo que el accionar del Comité pro Santa Cruz se tiene que apoyar en una normativa legal.

Polo observó que todo lo generado en Santa Cruz tenga un componente político y lamentó que los incendios de la Chiquitania se usen para desorientar a la población. Además, aseguró que el INRA actúa de acuerdo con la ley y sostuvo que los desalojos anunciados en Santa Cruz no tienen un componente legal.