La informalidad, el contrabando, la presión tributaria (tasas y fiscalización) y el incremento de los costos laborales, son algunos de los problemas capitales para la iniciativa privada en Bolivia, de acuerdo con algunos expertos.

A decir de Pablo Mendieta, subgerente del Cebec, los principales problemas del país se encuentran en el ámbito regulatorio e institucional, como normas muy arbitrarias y prohibitivas para la creación y operación de empresas, y para la contratación del talento humano. “Esos aspectos explican de manera general la informalidad”, dijo.

Mendieta indicó que los costos de la ‘mala’ institucionalidad y regulación a través de la falta de seriedad son altos y señaló que estudios de la universidad de Harvard, revelan que la caída de hasta un 5% de la informalidad está asociada con un aumento al doble del ingreso por habitante.

Para el economista Jorge Akamine, las políticas que tiene el Estado para incentivar las iniciativas privadas son prácticamente nulas o contradictorias. Además, considera que la falta de financiamiento para el sector industrial es otro de los problemas capitales para la iniciativa privada en Bolivia.

Para mejorar el clima de negocios en el país, los expertos sugieren adecuar la regulación nacional al estatus de economía emergente.

Acciones del Gobierno

A decir de Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo, se debe considerar que la identificación de los problemas señalados depende del lugar y la interpretación de quien los considere.

El Gobierno, según la autoridad, ha reconocido que el contrabando es una actividad ilegal que perjudica a la industria nacional. Desde esa perspectiva, se ha promulgado la ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando.

En lo que respecta a las tasas impositivas, indicó Prado, éstas no se han modificado en más de 20 años y son en muchos casos más bajas que las que se imponen en países vecinos y México. Por ejemplo, dijo Prado, la tasa del impuesto a las utilidades en Argentina es del 35%; en Brasil, un 34%; y en Bolivia, solo un 25%.

Por su parte, Mario Cazón, titular del SIN, explicó que si solo se toman en cuenta los impuestos que cobra la entidad, la presión tributaria solo llega al 12,2% con relación al PIB.