Se cumplieron las amenazas que había hecho hace 15 días la concejala Rosario Schamisseddine, de UCS, de denunciar ante el Ministerio Público al alcalde Percy Fernández, por incumplimiento de deberes. 

A las 10:15 de ayer, la edil llegó a las oficinas de la Fiscalía Departamental, donde presentó la acusación, adjuntando como pruebas seis archivadores, de igual número de informes pedidos al ejecutivo municipal, asegurando que no han sido contestados hace más de un año.

Conocida la demanda a través de los medios de comunicación, el secretario de Gestión y Coordinación Institucional, Jorge Landívar, manifestó que el departamento jurídico de la comuna se hará cargo de la defensa del burgomaestre, adelantando que fueron enviados 80 informes, además de los últimos seis que solicita Schamisseddine, por lo que en las próximas horas mostrará copias de los documentos.

Procedimiento

El especialista en temas municipales, José Luis Santistevan, explicó que la denuncia puede ser aceptada o rechazada por el Ministerio Público. “El fiscal departamental puede instruir que se abra una investigación, o negar y ordenar que la acusación sea archivada”, dijo.

De ser rechazada, el denunciante tiene cinco días para hacer la apelación ante la máxima autoridad fiscal departamental.

Si la denuncia es aceptada, en la división de Delitos Anticorrupción, el fiscal asignado tiene de plazo seis meses para hacer las pesquisas, pudiendo ampliarlas hasta 18 meses.

Dentro del plazo de las indagaciones, el fiscal investigador puede hacer la imputación y posteriormente la acusación formal, para llegar a un proceso público con tribunal, hasta dictar sentencia acusatoria, o bien absolutoria.

“El incumplimiento de deberes es un delito de corrupción, el mismo que está incluido en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz; y en el artículo 154 del Código Penal, con pena entre uno y cuatro años”, recordó Santistevan.

Pruebas

En el legajo que presentó Schamisseddine se halla el pedido de informe de los gastos menores de Bs 20.000 en el Concejo.

También pide el informe de bienes adquiridos y otros servicios en los POA desde 2015 a 2018. En otro fólder figura el caso de la adquisición de banderas para adornar el edificio del Concejo; así como el contrato de confecciones de uniformes y el de asesores y consultores en línea.

“He pedido al alcalde sobre la distribución de puestos en los nuevos mercados Los Pozos y La Ramada, pero ha pasado más de un año y no tuve respuestas. En total son 120 peticiones de informes que he hecho, aunque la mayoría no respondió satisfactoriamente, por ello pido las cuentas claras”, anotó Schamisseddine.

Descargos

Por su parte, Jorge Landívar reprochó la forma de hacer pública las peticiones de parte de la concejala, pues considera que se lo debe hacer en el recinto edil, no mediante las redes sociales o los medios de comunicación, faltando así el respeto al burgomaestre.

“Como concejala tiene derecho a fiscalizar, pero voy a demostrar los más de 80 informes que le hemos remitido, incluidos los seis que hizo públicos hoy (ayer); los cuales, al parecer, no los está usando para corregir rumbos o sancionar por la falta, los usa para sacar rédito político”, anotó.

En lo que respecta a la remisión de Schamisseddine a la comisión de Ética, nadie del Concejo se ha pronunciado.