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Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que se mantiene el racismo y la discriminación hacia el pueblo afroboliviano, no solo en las zonas urbanas sino en sus propias comunidades donde las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas con discapacidad son las que sufren los mayores niveles de violencia, marginamiento y maltrato social.

La investigación, titulada “Estado de Situación sobre el Ejercicio de los Derechos Humanos del Pueblo Afroboliviano”, establece que avances, dificultades, causas y situaciones en relación con la garantía, exigibilidad, goce y ejercicio de los derechos de este pueblo.

“Estos resultados deben servir para que las autoridades adopten medidas como la adecuación de la normativa y de la institucionalidad vigente y políticas públicas dirigidas a cambiar la cultura racista, discriminadora y de menosprecio”, manifestó Rolando Villena.

Entre las conclusiones se indica que el conocimiento sobre sus derechos humanos es mayor en las zonas urbanas a diferencia del área rural, aún a pesar de ello quienes han emigrado a las ciudades aún sufren discriminación, racismo y maltrato social, principalmente por su color de piel.

“Las prácticas discriminatorias generan también pérdida de su identidad y complejos de inferioridad en el inconsciente colectivo del pueblo afroboliviano, afectando de igual forma en la inserción en las dinámicas citadinas, ya que cuando migran se enfrentan a marginaciones”, se lee en el informe defensorial.

En sus comunidades su participación en reuniones y toma de decisiones es limitada, peor aún cuando proviene de otra comunidad. “Estas mujeres afirman sufrir discriminación y malos tratos, señalan que son las mismas mujeres quienes ejercen violencia, las suegras y las cuñadas son las principales”.

Las niñas y las adolescentes deben ayudar en la casa e incluso abandonar la escuela a favor de sus hermanos varones, quienes consideran que estas actividades domésticas son simples en comparación al trabajo que ellos realizan en el campo. 

En cuanto al ejercicio de los derechos a la educación y a la salud, estos son limitados pues la enseñanza en la mayoría de sus comunidades termina en la primaria lo que les obliga a abandonar sus familias para continuar con sus estudios en centros urbanos. Por otro lado, acceden a una deficiente atención en salud.