Qué viene tras una semana del paro
Santa Cruz cumplió una semana de contundente paralización de actividades y bloqueos en la ciudad y el departamento.
Y en varias ciudades del país se han producido también movilizaciones masivas y bloqueos denunciando fraude en la elección del 20 de octubre y demandando, primero, la segunda vuelta, aunque luego esa demanda comenzó a ser reemplazada por una nueva: anulación de las elecciones.
Resulta llamativa, en este sentido, la multitudinaria concentración que el martes por la noche se realizó en la avenida Costanera de la ciudad de La Paz. Entretanto, se siguen produciendo choques entre bolivianos: los que respaldan a Evo Morales y los que piden nueva elección.
El lunes el epicentro estuvo en Santa Cruz y ayer en Cochabamba. Hay varios heridos y detenidos.
La violencia tiene al pueblo enfrentado en horas que son decisivas.
Y por primera vez desde el inicio de las movilizaciones, ayer comenzaron a observarse las primeras señales que parecen mostrar, aunque de manera muy precaria aún, el posible camino de un entendimiento político que pudiera dar fin a la crisis poselectoral que tiene su origen en el penoso papel del desprestigiado Tribunal Supremo Electoral durante el conteo de la votación.
Una de esas señales es la apertura del Gobierno, anunciada en voz de su ministro Manuel Canelas, a aceptar como vinculantes los resultados de una auditoría electoral de la OEA en un plazo corto, y que en caso de que se determine la realización de una segunda vuelta electoral, podrían producirse cambios en los resultados y modificaciones en la normativa boliviana.
En Santa Cruz, el candidato Carlos Mesa dijo que la solución ideal para salir de la crisis es la realización de nuevas elecciones, pero sea por esa vía o por la de la segunda vuelta, el Gobierno debiera garantizar que el mandato de Evo Morales concluirá el 22 de enero de 2020 y no se produzca ninguna prolongación de la gestión más allá de esa fecha.
Y preguntó al Gobierno si está dispuesto a no aceptar los resultados del TSE. En tanto, el presidente del Comité Cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, ha reafirmado ayer la nueva posición de la movilización de Santa Cruz al proponer que la única solución pasa por anular el proceso eleccionario por los vicios de fraude que afectaron también a la elección de senadores y diputados.
Es llamativo que en el discurso del Gobierno se identifica únicamente a Carlos Mesa como el interlocutor de la oposición, y no se menciona al Comité Cívico cruceño ni al Conade nacional.
Si bien el candidato es Mesa, los líderes de la movilización no tienen una identificación propiamente con el candidato, sino con la democracia y el derecho a que se respeten los resultados de una elección. Por tanto, toda negociación futura debe contemplar a esos actores.
También, si prospera la idea de la auditoría de la OEA, será necesario garantizar la idoneidad e imparcialidad de esa comisión, probablemente sobre la base de la que ya intervino el 20 de octubre y ya emitió conclusiones preliminares que dejan en evidencia las irregularidades de la jornada electoral.
Y, finalmente, uno de los aspectos finales que seguramente contemplará este proceso de búsqueda de soluciones es el cambio de todo el actual Tribunal Supremo Electoral por otro que resulte de una elección esta vez de ciudadanos que no respondan al partido de Gobierno.
