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Una de las más sutiles y a la vez crueles formas de violar los derechos humanos es la de obstruir el acceso a la información para poder ejercerlos. Esto sucede muy asiduamente con los pueblos indígenas, quienes al estar urgidos muchas veces por conocer situaciones que tienen actual o potencial impacto para sus territorios, el Estado les demora indefinidamente la información necesaria para poder defenderse. No por nada uno de los pilares del derecho a la consulta es que esta sea informada, ante planes o proyectos que se puedan ejecutar en los territorios indígenas, puesto que permite conocer los impactos y decidir, de manera oportuna, prestar o no su consentimiento de manera previa. 

Los pueblos indígenas de Moxos marcharon en 1990 obteniendo como resultado de esa movilización la firma de decretos que reconocieron cuatro de sus territorios. Tres de ellos están ubicados en el denominado Bosque de Chimanes, que es el área histórica de reproducción sociocultural y espiritual de esos pueblos, es donde se dieron las migraciones en busca de la Loma Santa, estrategia para huir de la guasca del patrón y el enganche a los gomales, es el lugar donde se generó una ideología alternativa a la cultura dominante carayana. 

Los decretos establecieron ese lugar como zona de explotación forestal por 20 años para siete empresas forestales, a la conclusión de los cuales sus derechos caducaban y el bosque debía ser devuelto a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas. Ese plazo se cumplió en 2011, las empresas se fueron, pero el Estado está dando vueltas de manera inexplicable para cumplir con la última parte de los decretos, que es la devolución a los indígenas de su bosque.

Los pueblos de Moxos, quienes se encuentran en pleno proceso de acceso a la autonomía indígena, pretenden incluir esas áreas como parte de la nueva jurisdicción a crearse, pero el Estado desde hace más de siete años viene negando de manera sistemática la información sobre la situación en que se encuentran las ex concesiones forestales. 

Recientemente se ha accedido a documentación oficial, expresamente ocultada a la dirigencia y a sus asesores, que dan cuenta de lo que realmente sucede con esas áreas, documentación expresamente ocultada con la intención de que estas no sean entregadas a los pueblos indígenas, que las reclaman como propias, tal como lo disponen la CPE y los mismos decretos que lograron con su primera marcha. 

Este tipo de política, flagrantemente violatoria de los derechos humanos, me hizo recordar la película inglesa En el nombre del padre, donde los documentos que exculpaban a unos muchachos incriminados por un atentado que no cometieron habían sido ocultados por 14 años con una nota en la Fiscalía que decía “no mostrar a la defensa”.