Seis meses y 15 días después de que Montenegro se entregara a la Policía su esposa hizo su primera aparición pública para defender al hombre acusado de tener vínculos, inclusive, con la mafia italiana 'Ndrangheta

25 de noviembre de 2019, 17:45 PM
25 de noviembre de 2019, 17:45 PM

Los lentes de las cámaras fotográficas y de video de los reporteros gráficos y periodistas enfocan a María Jennifer Rodríguez Vargas. La esposa de Pedro Montenegro se seca las lágrimas. “En estos momentos, todo lo que pasa con su vida es una incertidumbre”, dice poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre, confirmara que el capo de la droga será extraditado a Brasil.

María Jennifer decidió, por primera vez, hacer declaraciones públicas desde la oficina de su abogado, paradójicamente, ubicada a pocas cuadras del edificio del Conaltid (Consejo Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas), oficina en Santa Cruz del exministro de Gobierno, Carlos Romero, y donde, el 12 de mayo de 2019, Pedro Montenegro decidió entregarse, poniendo así fin a una búsqueda infructuosa, a escala nacional, de casi un mes.

Con la huida de Evo Morales a México y la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) del gobierno las cosas cambiaron para Pedro Montenegro. Hasta antes de las elecciones del 20 de octubre, tanto el Ministerio de Gobierno como el Ministerio Público habían mantenido la promesa de que sería extraditado a Brasil, pero que antes debería cumplir condena por los delitos que se le iniciaron en Bolivia (legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas, falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado y por tráfico de sustancias controladas). Esta posición generaba críticas de los opositores al MAS, que acusaban al Gobierno de proteger al cruceño acusado de tener nexos, incluso, con la mafia italiana 'Ndrangheta.

“El anterior Gobierno nos usó como trofeo”

¿Cuáles fueron las revelaciones de la esposa de Montenegro? Más allá de pedir que su esposo no sea extraditado a Brasil y de defender su inocencia, María Jennifer -que estaba flanqueada por su madre y su suegra durante la conferencia de prensa- denunció que su familia había sido víctima de chantaje durante la búsqueda de su esposo. Dijo que fueron amenazados con que los despojarían de sus dos niños y que los menores serían ingresados a un hogar.

Esa es la razón, aseguró la mujer, por la que no dio la cara antes, porque tuvo que ponerse a buen recaudo e incluso, sacar del colegio a sus hijos.

“El anterior Gobierno nos usó como trofeo”, afirmó, a tiempo de pedir transparencia en el proceso que la justicia le sigue a Montenegro. También denunció que, incluso, los bienes de sus padres, que fueron obtenidos cuando ella tenía 12 años, han sido anotados preventivamente.

Un ‘pez gordo’ del narcotráfico

El nexo entre jefes policiales con Pedro Montenegro -al que Brasil acusa de proveer más de 1.000 kilos de cocaína de alta pureza a la mafia italiana ‘Ndrangheta, a través de una red criminal de ese país- hundió a la Policía Boliviana en su más profunda crisis. Desde el 13 de abril hasta finales de mayo los bolivianos vieron con estupor e indignación -por la cobertura de la prensa- cómo Pedro Montenegro se movía impunemente en el interior de la institución encargada del orden.

Por ejemplo, pese a que tenía orden de captura internacional desde 2015, el narco fue condecorado en mayo de 2018 por el entonces jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, el coronel Gonzalo Medina. También había auspiciado el viaje a Cartagena, Colombia, para el Carnaval de este año a un grupo de 18 personas, entre los que se encontraban dos jefes policiales y el hijo del coronel Medina. El escándalo incluyó a jueces, magistrados del Poder Judicial, personalidades de la farándula, entre otras figuras conocidas.