El Ejecutivo y las organizaciones sociales que conformaron un 'Estado Mayor del Pueblo' en el Gobierno de Evo Morales acordaron ocho puntos para pacificar el país con el actual Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Jeanine Áñez

26 de noviembre de 2019, 10:06 AM
26 de noviembre de 2019, 10:06 AM

El acuerdo se suscribió con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. La Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

El texto señala que "conscientes de nuestro rol protagónico en estos momentos difíciles que atraviesa nuestro pueblo, donde mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, personas de la tercera edad vienen sufriendo el embate de la fuerza desmedida de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas".

Continúa y dice que los resultados de las acciones de los uniformados "se traducen en más de 34 personas fallecidas, y cerca de 1.000 heridos, "así como de muchos perseguidos, circunstancia que fue agravada con la persecución de líderes políticos y sindicales, hecho que nos recuerda los momentos de la dictadura del 70 y 80”.

Explica que porque la premisa de los dirigentes es el respeto a la vida y la paz social "accedimos a la solicitud de la presidenta y su Órgano Ejecutivo a una reunión" para analizar y acordar acciones que pacifiquen el país.

Por ello acordaron ocho puntos:

1. Respeto por parte del Gobierno a las garantías y derechos de las organizaciones sociales, sindicales y políticas. 

2. Conforma una comisión para liberar a los detenidos de las organizaciones sociales cuando participaban pacíficamente de las movilizaciones y no a los que hubieran cometido ilícitos.

3. Respeto al fuero sindical y a la estructura orgánica de las organizaciones sociales.

4. El gobierno resguarda y garantiza la seguridad de empresas estratégicas del Estado bajo la CPE y normas que resguardan el patrimonio. 

5. Cumplir los plazos estipulados en la Ley para la Convocatoria a Elecciones.

6. El Gobierno no privatizará empresas estratégicas relacionadas con recursos naturales, servicios básicos y empresas estatales. 

7. El Ejecutivo dará continuidad a los planes, programas y proyectos sociales en vigencia.

8. El Gobierno respetará las leyes nacionales y acuerdos en actual vigencia.


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