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Cuando lo eligieron presidente de la Asamblea Departamental, Marco Mejía se puso a sí mismo un objetivo pesado: en vista de los plazos máximos del trámite, el asambleísta demócrata dijo que apostaría por poner en vigencia el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz esta gestión.

Lo que Mejía no esperaba era que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) maneje otras prioridades y tiempos, de manera que hasta ahora, cuando el año está por acabar, los colegiados no han dado respuestas por el texto, en el segundo control de constitucionalidad al que es sometido, tras una primera observación. 

Por ese motivo, ayer, desde Sucre, Mejía denunció que se cumplieron 23 días de retraso en la revisión de los ajustes constitucionales que realizó el legislativo al estatuto. Luego de subsanar las observaciones al estatuto, la Asamblea presentó el texto readecuado el 19 de septiembre. El rechazo a la demora del TCP se tradujo en una protesta con la instalación de una vigilia. Junto a él viajaron los asambleístas Bertha Limpias, María Arias, Karen Areneda, Alcides Villagómez, Suby Picaneray y José Carlos Soruco. 

Cierre de oficinas sin respuesta
Por su parte, los magistrados del TCP, que están a punto de dejar sus cargos, no se refirieron a los reclamos de los asambleístas cruceños. Sin embargo, cerca de las 14:30, a la hora que los legisladores cruceños llegaron a la sede del TCP, los oficiales de Policía a cargo de la seguridad de ese recinto judicial cerraron las puertas de acceso al edificio, impidiendo el ingreso.

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