Texto: Karen Gil (ANF) | Fotos: Manuel Seoane

uvieron que pasar 29 años de la Marcha Indígena Por el Territorio, para que los cinco pueblos originarios del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) obtengan la titulación del área de las exconcesiones madereras, que debía volver a sus manos en 2011.

Esto es un fragmento de la crónica Los chimanes de Maraca’tunsi y el retorno a su Loma Santa, publicada en ANF y con el apoyo del Rainforest Journalism Fund, en asociación con el Pulitzer Center.

 —¿Cuánto mide la pista? —pregunta Casimiro.

—Unos 700 metros de largo, —contesta Santos Canchi, mientras camina por medio de un gran espacio deforestado en medio del bosque, a poco más de media hora de Maraca’tunsi, una comunidad Tsimané de San Ignacio de Moxos, Beni.

—¿Cada cuánto llegaban las avionetas? —pregunto. —Una por mes traían sus víveres, —dice Santos. —¿Hasta qué año venían? —2010.

Dice sobre las avionetas del aserradero San Ambrosio, que llegó en la década de 1990 a explotar la riqueza forestal del lugar y para hacer más fácil la llegada de alimentos, personal e insumos habilitó una pista de aterrizaje cerca al aserradero que erigió.

Son las cuatro y media de la tarde de un martes de septiembre de 2019 y caminamos por la pista aérea que aún se mantiene bien conservada. Está a 30 minutos de otrora Cujma’tunsi, lugar de nacimiento de Santos y Casimiro donde se instaló la maderera.

El arribo de esa empresa se dio a raíz de que el Estado boliviano habilitó a finales de los 80 las concesiones de estos espacios territoriales habitados por comunidades indígenas.

Fátima Molina, investigadora del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), explica que esa decisión se dio porque en 1986 el Estado emitió un Decreto Supremo en el que levantaba el estatus de Reserva Forestal de Inmovilización, de 1979, que protegía un área de 1,2 millones de hectáreas del sur de la Amazonía beniana, conocida como el Bosque de Chimanes, que incluye lo que ahora es el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), donde está Maraca’tunsi y el Territorio Indígenas de Chimanes (TICH).

En esa época se concesionó a siete empresas, muchas de las cuales ya estaban ilegalmente desde antes explotando los árboles de maras, que tienen una de las maderas de mejor calidad.

Lo que más recuerda Manuel Canchi, abuelo de Santos, es que estas arrasaron con los árboles más grandes.

La presencia de las empresas forestales y los avasallamientos continuos en la Amazonía beniana fueron los principales factores para que el 15 de septiembre de 1990 se dé la emblemática primera Marcha Indígena Por el Territorio y la Dignidad.

“La marcha del 90 es un hito tan importante que se podría considerar como un mito fundacional. (…) Es algo mágico, es el primer momento en que el Estado se ha dado cuenta que los pueblos indígenas existían”, explica Martín Torrico, investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).

Tras 35 días de caminata de la ciudad beniana de Trinidad a La Paz, la Marcha logró la aprobación de cuatro decretos supremos en beneficio de los pueblos indígenas. Uno de ellos fue el DS 22611, que declaró a la región de chimanes como área indígena. Estableció la creación del TICH y del TIM, reconociendo a este último 352.000 hectáreas pertenecientes a los pueblos indígenas mojeño trinitario, mojeño ignaciano, movima, yuracaré y chimán.

Además, entre otras áreas, creó el Área de Aprovechamiento Forestal, que establecía que las madereras debían suscribir contratos durante 20 años y luego de ese plazo esas tierras pasarían a propiedad de los indígenas.

Así llegó el aserradero San Ambrosio —que pertenece a la empresa Hervel que ya explotaba en otros puntos del territorio— y se estableció a mediados de la década del 90 a unos metros de Cujma’tunsi, que albergaba a al menos 12 familias chimanes, pero ello no lo detuvo porque ese lugar era rico en árboles de mara y almendrillos o cojmas en chiman; de este último proviene el nombre de la comunidad y del río de la zona.

Su presencia cambió drásticamente la vida de los comunarios. Santos cuenta que desde que llegó, incluso, el río y la comunidad fueron renombrados como San Ambrosio.

El aserradero que construyeron invadió la tranquilidad de Cujma’tunsi.

—Las empresas sacaban madera, los tumbaban y llevaban como troncas con grandes máquinas que hacían ruido, — recordaba don Manuel, en el patio de su casa en Maraca’tunsi, a donde fue a refugiarse poco tiempo después de la llegada de San Ambrosio.

Manuel tiene unos 90 años, es el único comunario nonagenario en Maraca’tunsi, que significa lugar donde hay naranja y por eso se lo llama Naranjal.

Fue uno de los primeros pobladores de Cujma’tunsi. Llegó a sus 18 años a fines de la década del 40, desde el otro lado del Bosque de Chimanes, a la altura del río Maniqui, de San Borja. Él, su esposa y otros comunarios caminaron más 140 kilómetros en búsqueda de la Loma Santa.

La Loma Santa es ese lugar que fue concebido por los indígenas de tierras bajas, principalmente por los mojeños, debido a que desde finales del siglo XVII los habitantes ancestrales de lo que era el Gran Mojos fueron reducidos por distintos actores, lo que provocó una “fuga al monte”, mientras sus pueblos eran ocupados, en los siguientes siglos, por criollos y mestizos.

Por eso, los pueblos chimanes —al igual que los mojeños, yuracaré y movimas— tienen bastante movilidad poblacional, es decir, iban en búsqueda de nuevos espacios que les bridaban las condiciones naturales y sociales adecuadas. Esa búsqueda además era una suerte de reapropiación de sus tierras.

“Mis abuelos vinieron buscando la Loma Santa, para que vivan bien, para que no peleen. Mi abuelo me contó que han chaqueado lo necesario para producir y tener su chicha y su comida”, cuenta Santos.

Manuel ya no ve, ni escucha y se le dificulta caminar solo, pero aún su memoria retiene los años de la invasión de San Ambrosio.

—¿Qué es lo que más te acuerdas cuando llegaron las concesiones madereras?, —le preguntó Santos en chiman.

—Tumbaban las maderas y no pagaban nada. Saqueaban la madera, —dijo, mientras se limpiaba tembloroso las lágrimas de sus ojos ciegos.

—Todo lo saquearon. Ahora necesito una madera grande para mi casco (canoa) para el tiempo de agua, pero no hay. Todo lo saquearon no dejaron nada en recompensa, ni una posta de salud, ni una señal de teléfono, nada, —lamentó Santos.

Cuando él tenía ocho años, las familias de Cujma’tunsi decidieron abandonar el lugar. Fabio Garbari, sacerdote de la Parroquia de San Ignacio, dice que fue una expulsión indirecta causada por la maderera.

“Resonaba más la empresa que la comunidad. Prácticamente ha habido una expulsión; el Chimán se retira, no es guerrero”, dice Garbari, quien acompaña la lucha indígena de San Ignacio de Moxos, desde 2013.

Así Manuel y el resto de las familias llegaron a Maraca’tunsi, donde actualmente viven.

Desde allá caminamos poco más de una hora entre los senderos que unen ambos lugares y por donde solo se puede transitar a pie; parte del camino que habilitó la empresa desde Cujma’tunsi a San José, por donde sacaba la producción hacia San Ignacio, se cerró en estos nueve años.

A unos 1.000 metros de donde termina la pista de aterrizaje, Santos escucha un ruido lejano que lo asusta, alza un palo del suelo e inmediatamente se oyen más fuerte los feroces ladridos de cuatro perros.

Son los animales del cuidador que vigila las maquinarias que San Ambrosio dejó en 2010.

Los perros se acercan con violencia pero son frenados por Casimiro, Evaristo, otro comunario, y el profesor, un guaraní que llegó la anterior semana.

A Santos le asusta venir acá, por eso siempre que puede lo hace acompañado de varias personas.

—Quieto, quieto, —le dice Mucheiro, el sereno, a uno de los perros, y luego se dirige a nosotros. —Buenas tardes.

Todos contestamos el saludo, mientras llegamos al inicio del aserradero.

—Hemos venido a que conozcan el lugar los hermanos, —le dice Santos.

—Sigan nomás, —responde y se para a un lado a hablar con el profesor y con Evaristo.

Una gran construcción de maderas y techos de calamina amarilla aún alberga la maquinaria.

“Con esto cortaban madera”, explica Santos, que ve con detenimiento el estado de las máquinas, dejadas cuando la empresa cerró hace nueve años. También hay un motor de luz de alta potencia y fardos listos de madera que no fueron despachados.

—Cuidado se caigan, las maderas ya están viejísimas—, advierte el profesor.





A su suerte. A la zona le sacaron recursos, pero no le dejaron ni servicios ni salud

—¿Y estas máquinas servirán? —pregunta Manuel Seoane, el fotógrafo con quien llegamos hace una semana desde La Paz.

—Deben servir, pero hay que cambiar algunas piezas, —responde Casimiro.

Santos cree que la empresa dejó todo el aserradero listo porque en estos nueve años tenía la intención de volver a operar.

“Pero nosotros no queremos ya que saquen madera. No dejan nada bueno y la comunidad y el territorio no gana nada”, dice.

La expectativa de la empresa se dio porque después de 2011, cuando se suponía que las tierras concesionadas a las empresas debían retornar a manos de los indígenas, el Estado —ya administrado por el Gobierno de Evo Morales— decidió, a través de una Resolución Administrativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que esas tierras serían áreas fiscales y así podría disponer de estas.

“Se prohíben asentamientos, ocupación de hecho de personas individuales y colectivas en tierras de propiedad del Estado”, reza un letrero a unos metros del aserradero y que aún permanece, aunque este lugar ya no sea tierra fiscal desde agosto de este año.

A cinco minutos del aserradero está donde Santos nació. Nos lleva al lugar a Manuel y a mí.

Ve con detenimiento los matorrales y árboles de lima y naranja y otras especies que cubrieron el espacio donde estaba su casa. El éxodo de Cujma’tunsi fue con todo y viviendas, que fueron trasladadas en partes durante una semana hasta Maraca’tunsi.

—Allá hicimos otra casa, pero vamos a volver aquí. Voy hacer mi casa nueva. No quiero abandonar mi comunidad Cujma’tunsi.

—¿Cuándo?

—Que se lleven las máquinas.

—¿Por qué?

—Es que sería más mejor así, —dice, mientras se dirige a donde estaba la casa de su abuelo— Hay que limpiar harto.

El 15 de este agosto, a mucha insistencia de la dirigencia de la Subcentral del TIM, tras 29 años de la primera Marcha Indígena y de nueve años que deberían recuperar sus tierras, los cinco pueblos de este territorio lograron obtener el título de las exconcesiones madereras.

—Vamos a volver, ya hemos conseguido un título para defender el territorio, para vivir bien.

—¿Por qué no han botado a las madereras en vez de irse?

—Mis abuelos no tenían las fuerzas para botar a las empresas, pero ahorita nos hemos reunido con los otros pueblos; tenemos fuerza para botarlas porque no queremos que saquen madera —dice, mientras comienza caminar.

De retorno, nos lleva por otro lado, así evita pasar por donde están los perros y el aserradero, que es el símbolo del despojo y que aún le significa una amenaza.

  
Manuel. Los años le dieron autoridad para contar la historia sobre su tierra

 


 
Desolación. A los comunarios ahora les cuesta encontrar la cotizada mara, herencia de la explotación forestal que no los tomó en cuenta