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El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, denunció ayer a EL DEBER que los exministros Carlos Romero, de Gobierno, y Juan Ramón Quintana, de la Presidencia, libraban una pugna interna porque pertenecían a dos corrientes distintas en el Ejecutivo que tenían nexos con el narcotráfico. El exdirector de Conaltid Hugo Siles, calificó la acusación de “poco seria”.

Este medio intentó comunicarse con los aludidos. Establecer un contacto con Quintana, cuando era autoridad y ahora, fue imposible. Mientras que el celular de Carlos Romero sonó, pero la exautoridad no contestó la llamada.

Los diputados Betty Yañíquez, Sonia Brito y David Ramos, del MAS, se excusaron de conversar porque “estaban en una reunión”. Otros cinco asambleístas, entre ellos los presidentes de ambas cámaras, no contestaron sus celulares.

La máxima dirigente de las Bartolinas, Segundina Flores, sí contestó, pero escuchó la pregunta y colgó su celular.

Otros accedieron a hablar. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera, dijo en primera instancia que prefería no opinar al respecto.

Sin embargo, luego complementó que “ante la actitud de este Gobierno transitorio, las organizaciones sociales estamos en una época en la que nos concentramos en ver a la mejor persona para que sea nuestro candidato presidencial en las elecciones”.

Apuntó que el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé, en 2005 se dedicó solamente a organizar las elecciones. “La administración de Jeanine Áñez debiera seguir exactamente los mismos pasos, pero eso no pasa, se están dedicando claramente a la venganza política. Aceptamos que traten de hacerlo. Mientras tanto, nosotros nos articulamos para enfrentar, ganar y volver al Palacio de Gobierno”.

El dirigente Pedro Lucana, de los Ponchos Rojos, coincidió en parte con el dirigente campesino. “Por el momento este Gobierno transitorio va a investigar y decir de todo, que el MAS fue lo peor que le pasó a este país. Esa será la base de su campaña, desprestigiarnos”.

Pero, aseguró que es una estrategia muy evidente. “La gente no les cree, incluso ya ni quieren mirar el canal porque son puras mentiras, ya no es como antes”.

Sin embargo, recalcó que los Ponchos Rojos no meten las manos al fuego por quienes fueron colaboradores de Evo Morales. “Lo dijimos en un ampliado que hicimos hace algún tiempo, y lo veremos este fin de semana en otra reunión en Cochabamba, realmente no fue Evo Morales culpable de todo lo que pasó, fue su entorno. Eso lo sabemos muy bien. Los ministros abusaron de la confianza que él les dio”, dijo.

Además, Lucana sentenció que las organizaciones “no defenderán a esta gente. Romero efectivamente era representante político de Santa Cruz y Quintana de Beni. El problema es que ninguno de ellos jamás coordinó con las organizaciones sociales de esas regiones. Por eso, cuando uno es culpable de sus actos, es nomás, ojalá demuestren su inocencia de forma clara y fehaciente”.

Luego volvió a referirse al Gobierno transitorio, y alertó. “Cuidado que después de las elecciones, tras la victoria del MAS, ellos se escapen como ratas. Mientras tanto, nos estamos armando con tranquilidad”.

Los detalles

El ministro Coímbra se refirió al caso del narcotraficante Pedro Montenegro, que fue extraditado la semana pasada a Brasil, y del retraso que hubo durante la gestión de Evo Morales con ese trámite solicitado por Brasilia, entonces dijo que eso se produjo porque “todos sabemos que este señor involucraba al exministro de Gobierno, Carlos Romero. Este país estaba cuoteado por el narco”.

Insistió en que Romero era el operador político de Santa Cruz, Montenegro ‘trabajaba’ en esa región, y ambos “generaban impunidad, ponían y sacaban jueces a su antojo y daban un manto de seguridad al narcotráfico. Montenegro fue trasladado a Brasil a responder por los delitos de tráfico de drogas como corresponde; somos cumplidores de lo que dice la norma y no será el único extraditado, hay como 12 casos de solicitudes de personas que se irán y se tramitan como debe ser: por la vía legal”.

Denunció que esos casos estaban frenados porque al anterior gobierno no le convenía que los narcos sentenciados en Bolivia, incluso por otros delitos menores. Por falsedad, en el caso de Montenegro y no por narcotráfico, como en el vecino país. “Ellos jugaron a que un delito de bagatela frenara una extradición”, aseveró.

La autoridad advirtió que el objetivo del Gobierno es que se sepa cómo se manejaba el narcotráfico en Bolivia, y más ahora que es un delito de lesa humanidad. Luego habló del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. “Él era el operador político de Beni, por lo menos hasta que lo exiliaron a Cuba, como embajador. Era el hombre fuerte que ponía y sacaba fiscales, jueces, candidatos en Beni. Todo eso está demostrado con audios tan contundentes como el de Jéssica Jordan cuando habla de él”.

Pero la autoridad fue más allá. “Los vínculos de poder de Quintana llegaban a los controles antidroga. Así viene la cosa, primero cae Montenegro, se vincula a Romero y a altas esferas del Órgano Judicial. Se rumorea que eso era una jugada de Quintana en contra de su colega ministro, porque Romero tenía el poder político tras su ‘exilio’, y cuando regresó quería recuperar ese poder sobre policías, militares, que tenían vínculos con los narcos”.

“Romero se aprovechó del caso del sobrino de Mayerlin Castedo (abogada beniana que fue fiscal en su región, ascendió profesionalmente tras firmar, según el ministro, la suspensión de Ernesto Suárez y se postuló para ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, lo que fue impugnado por la senadora Jeanine Áñez junto al actual ministro de Justicia).

En el caso mencionado, el sobrino de Castedo cayó en Paraguay con 400 kilos de droga y por ello se indagó el vínculo que hay entre “el sobrino, el hijo, ella, el exministro Quintana y Alex Ferrier, exgobernador” de Beni. Las indagaciones apuntan a que trabajaban para beneficiar a los traficantes, advirtió el entrevistado.

El ministro vio sospechoso que la jueza Ana Gloria Rojas Flores hubiera ordenado el traslado de Trinidad, donde Mayerlin Castedo estaba recluida, a Santa Cruz para una audiencia el 28 de noviembre. “Ella misma, no sabemos bajo qué criterios, pero lo vamos a investigar, otorgó la cesación a la detención preventiva, con arresto domiciliario sin escolta”.

El ministro Coímbra respondió dos veces con un “sí, por supuesto” cuando se le preguntó si consideraba que en el gobierno de Evo Morales hubo dos corrientes de autoridades que estaban en el Ejecutivo y que ambos tenían nexos con el narco, y que esa pugna estaba protagonizada por los exministros Romero y Quintana. Además prometió demostrarlo: “Eso saldrá en las investigaciones”.

“Una investigación seria va a demostrar que había testaferros, financiamiento de campañas políticas, recaudadores del gobierno a las cuotas que debían dar los narcotraficantes para ser protegidos, y eso lo sabe todo el mundo”, aseveró. Se le preguntó si todo esto se puede probar y el ministro volvió a prometer: “En las investigaciones lo vamos a demostrar”.

Este medio insistió por tercera vez con las pruebas, Coímbra respondió: “Primero, ¿cómo se movía el narcotráfico en Beni?, allá hay jóvenes entre 20 y 22 años que tienen movilidades, avionetas de más de $us 350.000, casas de más de $us 150.000. 

Ellos tenían que estar protegidos por alguien para hacer libremente opulencia de las cosas que compraron en pocos años. Un joven de 23 años con un patrimonio de más de 5 a 6 millones de dólares, tiene que estar protegido por el Gobierno. No hay otra forma más de entenderlo, ¿quién más lo puede proteger?, ¿quién era el operador político de Beni? Juan Ramón Quintana, ¿quién era el operador político de Santa Cruz? El señor Romero, ¿dónde hacía y deshacía el señor Montenegro? En Santa Cruz y hay muchos otros narcotraficantes involucrados que están con perfil bajo que han dejado un poco la fiesta, para pasar desapercibidos ahora”.

Hugo Siles es un excolaborador de Carlos Romero, fue director del Conaltid, en Santa Cruz.

Esta exautoridad comentó las acusaciones del ministro. “Siguen las acusaciones, las amenazas que forman parte de la persecución política que están haciendo los actuales miembros del Gobierno sin ningún tipo de pruebas. Son denuncias temerarias. 

Le pido al ministro de Justicia que trabaje con seriedad, nada de lo que dice constituye una prueba”, aseveró Siles. Por el contrario, destacó que la lucha contra el narcotráfico que realizó el gobierno de Evo Morales “fue implacable, tuvo innovaciones.

 Por qué no hablan del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), que en solo un año capturó a más de una docena de capos del narcotráfico, buscados en Argentina, Brasil y Paraguay. La lucha fue frontal, cayeron personas y familias, por favor, basta con revisar las hemerotecas”, acotó.