Se abrió una nueva investigación en contra de la gestión de Evo Morales. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció ayer que en la Editorial del Estado se imprimió material de propaganda electoral a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos componentes proselitistas fueron financiados con los descuentos que se hacían a funcionarios públicos de todos los ministerios e instituciones públicas. El Gobierno transitorio apunta a la exgerente de la empresa, Amanda Dávila, quien negó la acusación.

Lizárraga, en conferencia conjunta con el nuevo gerente de la Editorial del Estado, César Rojas, presentó como prueba de su denuncia contratos, diverso material de propaganda e incluso audios en los que se escucha a una voz atribuida a Dávila hacer cuentas del manejo de esos recursos. Además, mostró una fotografía en la que se ve a Dávila junto a Evaliz Morales, hija de Evo Morales.

“Se detectó órdenes de trabajo, afiches, agendas y calendarios del MAS-IPSP y lo más aberrante es que estos materiales eran facturados a diversos ministerios y pagados por los mismos. Se encuentran varios ministerios que mandaron a hacer este tipo de materiales para la campaña electoral de Evo Morales”, detalló la ministra Lizárraga.

Luego de presentar las supuestas pruebas, Lizárraga informó que se presentó una denuncia penal en contra de Dávila ante el Ministerio Público. Luego insistió que Evaliz Morales y Óscar Silva, padre de la diputada Valeria Silva, están involucradas en este hecho.

Niega la denuncia

Al respecto, Dávila negó cualquier irregularidad en su gestión a cargo de la editorial y dijo que es una “mentira” que se haya impreso material electoral a favor del MAS. Además, la exgerente lamentó que el 16 de noviembre se ingresó a la empresa sin la presencia de un fiscal y sin orden judicial, lo que calificó como un delito.

“Aquí hubo un allanamiento grave a una empresa que puede replicarse a otras empresas del país. Solo se muestra una fotografía de papeles de impresión usados. Si hubiéramos hecho algo para el 20 de octubre, con seguridad lo hubiésemos distribuido, no podemos estar con ese material porque nos pagan”, explicó Dávila.

Rojas confirmó que el 16 de noviembre ingresaron a la editorial estatal con el fin de verificar la situación de la empresa. Dijo que “no se tocó nada” porque no hubo un fiscal designado.

En diciembre de 2017, Morales inauguró la Editorial del Estado en la ciudad de El Alto. En su discurso, el exmandatario afirmó que en esas instalaciones se imprimirán libros institucionales, revistas de gestión de Gobierno, folletos de los distintos ministerios, papelería para instituciones públicas y el periódico Cambio, que ahora se llama Bolivia.

“Solamente en nuestro periódico Cambio vamos a ahorrar 10 por ciento en impresión (…). No sé cuánta plata vamos a ahorrar para el Estado, pero también vamos a socializar la lectura”, afirmó Morales en esa ocasión.

En 2013 se aprobó el Decreto Supremo 1818 que establece la creación de la Editorial del Estado. Esta normativa autorizó el desembolso de Bs 75.345.000 para su implementación a través de un traspaso presupuestario interinstitucional con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). La editorial depende del Ministerio de Comunicación.

Mientras, el gerente Rojas remarcó que Dávila es acusada por los delitos de daño económico al Estado, uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias. Además, detalló que estas faltas pueden derivar en otros ilícitos, como asociación delictuosa. Ahora, la Fiscalía debe proceder con la investigación.

Rojas acotó que -según la unidad financiera de la editorial estatal- existe una deuda de al menos Bs 4 millones. Además, recalcó que en algunos contratos se revela la vinculación del Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Relaciones Exteriores para ese tipo de ilícitos.

“Ella (Dávila) debió cumplir y denunciar estos hechos y no coadyuvar a que se siga haciendo irregularidades y se siga presionando a funcionarios que tienen miedo denunciar”, dijo Rojas.

El funcionario afirmó que en las instalaciones de la editorial se realizaban “reuniones políticas” en las que participaba Evaliz Morales. Pero, además, Rojas denunció que Dávila obligaba a los servidores de esa entidad a participar en los actos del MAS.