Ordenan auditoría en el parque Amboró; hay denuncias desatendidas de chaqueo, tala y cacería ilegal
La dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha pedido también la renuncia al encargado de esta instancia en Santa Cruz. Los procesos de auditorías serán en los 22 parques del país
“Queremos hacer una denuncia sobre la cacería indiscriminada de animales silvestres en nuestra comunidad, hay cazadores que vienen de todas partes de nuestro municipio a cometer este ilícito, se están pasando continuamente a la zona del área protegida del Parque Nacional Amboró, no hay ningún control por parte del Sernap...”, se lee en parte de la carta que un dirigente de la comunidad Carbones envió el 9 de septiembre al alcalde de Buena Vista, Bladimir Chávez. El burgomaestre al día siguiente le pidió por escrito a la dirección departamental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que intervenga, pero no obtuvo respuestas.
El pedido de intervención del dirigente de Carbones no es el único que llegó al Sernap y que, según las denuncias, quedó desatendido. Hay documentos a los que tuvo acceso El Deber, fechados desde enero de este año hasta octubre, de alcaldes del norte cruceño cuyos municipios son del área de influencia del Amboró, así como de dirigentes comunarios y de refugios turísticos; que piden intervenir en el parque ante la presencia de cazadores furtivos, de madereros y de cultivos ilegales de coca.
¿Por qué no se intervino? La pregunta es respondida por el director nacional del Sernap, Maikol Melgar, que el 22 de noviembre fue posesionado en el cargo. “Hubo un manejo político”, dice a tiempo de agregar que este no es un problema solo del parque Amboró, sino de los 22 que tiene Bolivia.
Melgar señala que en las casi dos semanas que lleva al frente de la entidad encargada de cuidar y preservar las áreas protegidas, ha recibido una gran cantidad de denuncias y que ya se ha pedido la renuncia del director del Sernap de Santa Cruz, así como del responsable del Amboró. Además, se ha dispuesto una auditoría a la administración de los recursos y ejecución de actividades.
“Se removerán a los directores de áreas protegidas que no han sido eficiente en sus trabajos y se colocará, de manera interina, a personas capacitadas y con experiencia”. Esto, hasta que se realice la convocatoria para los directores de áreas protegidas y gane quien tenga méritos para el cargo, sostiene Melgar.
El cambio de 180 grados que se pretende dar a esta institución también es garantizado por la ministra de Medio Ambiente y Agua, María Elba Pinckert. “Estamos haciendo los cambios necesarios en el Sernap para volver a la institucionalidad y a la legalidad, todas las denuncias van a ser sujetas a investigación y vamos hacer implacables en aplicar la ley”, le dijo a EL DEBER.
Cacería, tala y cultivos de coca en el Amboró
Las denuncias en el Amboró giran en torno a la presencia de cazadores furtivos, tala indiscriminada de mara (una especie maderable en peligro) y de cultivos ilegales de coca. Este parque nacional tiene una superficie de 637.600 hectáreas y comprende los municipios de Comarapa, Saipina, Pampa Grande, Mairana, Samaipata, El Torno, Porongo, San Carlos, Yapacaní y Buena Vista.
El alcalde de este último municipio, cuyo 26% de su superficie forma parte del Amboró, ve que la “falta de voluntad real” de las autoridades que estuvieron al frente del Sernap para realizar operativos ha permitido que la cacería y la tala ilegal de madera se prolifere en el parque.
Además de la falta de guardaparques -solo hay nueve para cuidar las 637.000 hectáreas-, faltó coordinación institucional. Dice que en reiteradas ocasiones acudió a la autoridad encargada de proteger los parques para realizar trabajos conjuntos, pero no obtuvo respuestas.
A su vez, Román Vitrón, que el 2018 y el primer cuatrimestre de 2019, se desempeñó como personal técnico del Sernap, coincide con Chávez. Sostiene que a la falta de recursos económicos y de personal, se sumó la falta voluntad de los responsables.
Señala que en más de una oportunidad elevó informes sobre las denuncias de comunarios y dirigentes, que daban datos precisos de dónde estaban operando las mafias de la madera, así como de la presencia de cultivos ilegales de coca, y que, de haber intervenido a tiempo, se las hubiera encontrado en flagrancia, pero no se emitieron los instructivos para operar.
