El MAS no se pone de acuerdo sobre la promulgación de la Ley de Garantías
Una corriente señala que esta norma puede ser promulgada por el Senado en caso que la presidenta Jeanine Áñez la rechace. La otra, señala que se debe continuar con la pacificación de Bolivia
Ante el anuncio del Gobierno de que no promulgará la Ley de Garantías aprobada la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados, en el interior del MAS hay dos posiciones encontradas. Unos señalan que esta norma puede ser firmada por la presidenta del Senado, Eva Copa, mientras que el otro bando sostiene que no se debe provocar enfrentamientos.
La mañana de este viernes Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó que una vez el Senado haya aprobado este proyecto de ley y lo remita al ejecutivo, la presidenta Jeanine Áñez tiene 10 días de plazo para promulgarla, de lo contrario advierte que será Eva Copa, la presidenta de la cámara alta quien oficializará la vigencia de esta norma.
Sin embargo, el diputado Edgar Montaño señaló que en caso de llevarse adelante esa acción puede volver a generar convulsión y enfrentamientos en el país.
“Quiero ser claro, debemos ser delicados y cautos, es necesario continuar con la pacificación del país. No podemos adelantarnos, esta ley debe quemar las etapas como corresponde”, manifestó en contacto con El Deber.
El legislador señala que el Gobierno también tiene la potestad de realizar observaciones al proyecto de Ley de Garantías y de esta manera solicitar al Senado que realice cambios en caso que se vulnere la Constitución u otra norma vigente.
Sobre las observaciones de los legisladores contrarios al MAS que señalan que la norma busca proteger al expresidente Evo Morales y otras autoridades de su gobierno, señaló que ninguno de los artículos establece que se va a amparar a quienes han delinquido o puesto en zozobra a la población.
“La CPE está vigente y se puede iniciar procesos como estipula la ley”, concluyó Montaño.
La Ley de Garantías, que contiene 13 artículos, fue aprobada la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados y ya ha sido remitida a la Cámara Alta para su análisis.
Esta norma aborda varios aspectos como la atención para los heridos durante las protestas a partir del 21 de octubre, la indemnización a los familiares de fallecidos, garantía a la libertad de prensa y de expresión, entre otras cosas.
El artículo séptimo del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados puntualiza que no debe haber persecución política, además establece las garantías para las autoridades de Estado como el presidente y vicepresidente, autoridades de judiciales, entre otros.
