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La libertad de informar debe estar garantizada

Editorial El Deber Hace 12/7/2019 7:00:00 AM

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El objetivo fundamental del periodismo es la búsqueda de la verdad, pensando en el servicio social que esto representa. Este rol es incómodo siempre para el poder y esto genera tensiones que son normales y hasta esperadas por quien ejerce este noble oficio. Sin embargo, lo que no es normal es que un periodista reciba amenazas de muerte o de cualquier tipo de violencia por el desempeño de su trabajo.

Ya la Asociación Nacional de la Prensa y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz tienen conocimiento de la preocupación expresada por el periodista Guider Arancibia, miembro de la familia de EL DEBER, por haber sido mencionado en una carta que dejó el presunto narcotraficante Pedro Montenegro al ser extraditado a Brasil.

El trabajo de este periodista del área de seguridad permitió que Bolivia sepa de vínculos entre miembros de la Policía y presuntos capos del narcotráfico, relaciones coludidas con una mafia internacional que es causante de tanto dolor para miles de personas en el planeta. El pecado de Arancibia fue hacer su trabajo con honradez y con vocación de servicio. Ya antes había sido amenazado por una autoridad gubernamental en este mismo caso, situación inadmisible.

El caso particular significa una preocupación para EL DEBER y para el periodismo en general e inquieta aún más porque no se puede permitir que gente que opera al margen de la ley sea capaz de amenazar la integridad de profesionales honrados. Ya tenemos el lamentable ejemplo de países como México, donde hay 150 periodistas asesinados por las mafias del narcotráfico en los últimos 19 años. Similar situación ocurre en Centroamérica porque los controles fueron sobrepasados, lo que no se debe tolerar de ninguna manera en Bolivia.

Son importantes los esfuerzos demostrados por este Gobierno para desnudar la presencia de personas que están o estuvieron vinculadas con grupos terroristas y dar a conocer que puede haber una vinculación con las mafias internacionales del narcotráfico. Estas iniciativas deben seguir adelante y fortalecerse por el bien de Bolivia. Nadie quiere vivir en un país donde los poderes subterráneos tengan influencia en el destino colectivo.

Son lamentables las experiencias en otras naciones que tardaron décadas en salir del terror sembrado por estas nocivas alianzas. Por esa misma razón inquieta que el trabajo periodístico (fundamental como principio de libertad de expresión en una democracia plena) esté siendo amenazado de alguna manera.

EL DEBER demanda que en este país impere la ley, que la libertad de ejercer el periodismo sea garantizada por el Estado, resguardando a los medios de comunicación y a las personas que trabajan en ellos, de manera que un acusado cualquiera no pretenda hacer amenazas de ninguna naturaleza. Hay un nuevo Gobierno que ha prometido luchar contra el narcotráfico. La esperanza es que se acabe la protección que existió en la pasada gestión y con las exautoridades.

Que este nuevo tiempo que vive el país sirva para que tanto la sociedad como los poderes legalmente constituidos garanticen la paz social y den las garantías necesarias para el ejercicio libre y seguro del periodismo que solo busca el servicio a todos los bolivianos, quienes precisan estar informados.