Unos 200 países están llamados a cumplir con el Acuerdo de París, que establece reducciones programadas de gases de efecto invernadero. Los grandes se resisten

13 de diciembre de 2019, 3:00 AM
13 de diciembre de 2019, 3:00 AM

Hoy termina la cumbre COP25 y las negociaciones se han trabado en asuntos clave y determinantes para reducir de una forma efectiva las emisiones de gases de efecto invernadero. El país anfitrión, España, y organizaciones sociales denuncian que hay Estados que apuntan a retrasar las metas acordadas.

Las viejas tensiones entre los países sobre el ritmo que se debe imprimir a la lucha contra la emergencia climática y la necesidad de afrontar una reducción más ambiciosa de las emisiones más contaminantes resurgieron, en vísperas de la clausura de la cumbre del clima COP25 de Madrid.

Esas diferencias, que amenazan incluso con prolongar la cumbre hasta el sábado para tratar de cerrar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, se centran en la futura regulación de los mercados de carbono o las medidas que se deben impulsar para ayudar a los países a diversificar su economía, en aquellos casos en los que ésta depende casi exclusivamente de los combustibles fósiles.

Aunque estaba prevista inicialmente como una cumbre “de transición”, ya que la conferencia no tiene que aprobar ningún documento imprescindible para que el Acuerdo de París entre plenamente en vigor en 2020, la cita sí ha cobrado una especial repercusión ante el cada vez más contundente mensaje de los científicos y la sonora demanda social de una acción más ambiciosa.

Los países discuten sobre cómo ayudar a aquellos que tienen una alta dependencia del petróleo a diversificar su economía, pero algunas partes insisten en que no es lo mismo activar la asistencia en Nigeria o Ecuador que hacerlo en otros con un elevado PIB y renta per cápita como Arabia Saudí.

El Acuerdo de París de 2015 compromete a los países a adoptar medidas para que la temperatura del planeta no aumente por encima de 1,5 grados, y las Contribuciones Nacionales (los compromisos de cada país) deberían ser revisadas al alza para cumplir esos objetivos.

Más divergencias

Pero los países tampoco se han puesto de acuerdo sobre si esa revisión al alza debe completarse en 2020 o si hay plazo hasta 2023 para hacerlo, y las reticencias de algunos a agilizar esa revisión dificulta el acuerdo. 

Entre los Estados que más reticencias están mostrando a la hora de agilizar esas Contribuciones Nacionales figuran algunos, como la India, que son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y que precisamente están padeciendo con severidad sus impactos.

Tampoco hay consenso en los asuntos relacionados con los mecanismos de “pérdidas y daños” para ayudar a los países más vulnerables frente a la emergencia y con escasa capacidad de actuación, como pueden ser algunos pequeños Estados insulares, muchas islas caribeñas, Bangladesh o numerosos lugares de África.

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