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Evo Morales y Oscar Ortiz se trenzaron a trinos en Twitter. Esto, después de que el senador por Demócratas advirtiera a los fiscales que investigan a  Marcelo Hurtado Sandoval, representante legal de ATB, de que les hará un control minucioso para impedir que “continúe la protección a quien por estos años fue el operador de todo un conglomerado de empresas que responden al señor Carlos Gill y, presuntamente, a Evo Morales y Álvaro García Linera”.

Hurtado el mismo sábado (ayer), día en que Ortiz se refirió del tema, negó tener vínculos con los hombres que gobernaron Bolivia desde enero de 2006 hasta noviembre de este año, así como con el empresario venezolano-paraguayo vinculado con el chavismo. Dijo solo ser representante legal y socio de ATB y propietario del 40% de Provida. 

Evo se refirió al tema un día después. Desde su refugio en Argentina echó mano al Twitter, a las 8:00 de este domingo, para escribir: “Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso”.

El senador por Demócratas replicó de inmediato, mediante otro trino: “Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?”.

La denuncia de Ortiz

En su condición de legislador Oscar Ortiz ha realizado una serie de denuncias de la gestión del MAS. Entre las últimas se encuentra la del 25 de septiembre, cuando se refirió a Carlos Gill. Dijo que el empresario "era el favorito" del gobierno de Evo Morales porque se benefició con una serie de contratos en empresas estatales como El Teleférico.

En esa misma línea, este sábado anunció que profundizará su investigación a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).

Entidades que, según dijo, cuando estaban bajo el poder del gobierno de Evo Morales hacían imposible una investigación o la entrega de información.