A un mes para que concluya el mandato constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional (finaliza el 22 de enero de 2020), en el MAS hay una corriente que apuesta por la ampliación del mandato del legislativo hasta posesionar a las nuevas autoridades nacionales; otra plantea dejar en manos de los nuevos vocales electorales la decisión de ampliar o no el mandato. 

En el bloque de Unidad Demócrata se inclinan por consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se pronuncie sobre la “situación no prevista” en la Constitución Política del Estado producto de la crisis institucional que provocó el fraude electoral. Entre tanto, el PDC recuerda que la Carta Magna establece con claridad que el mandato de la Asamblea concluye el 6 de agosto y no el 22 de enero, como sucedía en el gobierno de Evo Morales.

Del lado del MAS, la diputada por La Paz Brígida Virginia Quiroga dice que en su bancada hay voces que se inclinan por ampliar el mandato del legislativo con el fin de no generar un vacío de poder a partir del 22 de enero, porque hasta esa fecha será imposible tener nuevas autoridades nacionales electas por voto popular y traspasar el mando, por lo que ella considera necesario la ampliación del mandato constitucional del Legislativo a fin de no paralizar la aprobación de leyes que están en carpeta.

“De no ampliar el mandato de la Asamblea estaríamos generando un vacío de poder en el Órgano Legislativo”, insistió Quiroga y explicó que después de la selección de vocales electorales, ocurrida el miércoles, la próxima tarea será analizar los mecanismos legales para ampliar el mandato de los legisladores porque, a su entender, se debe dar celeridad a la aprobación de leyes como la de concesión de terrenos para construcción y de créditos para construir carreteras.

Por su lado, el diputado del MAS por Santa Cruz Édgar Montaño tiene otra lectura. 

Dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene nada que hacer en este tema, pues esa tarea es responsabilidad de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que desde ahora deben analizar los tiempos y plazos para llamar a elecciones generales y tomar una decisión si corresponde ampliar el mandato de la presidenta de transición, Jeanine Áñez, y de los miembros del Legislativo nacional y el tiempo que durará la ampliación de mandato.

“Queda claro que los vocales electorales ahora tienen esa gran responsabilidad de hacer conocer a los bolivianos que las elecciones se harán en un tiempo prudente y se tendrá que consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional”, afirmó el legislador del MAS, que en los días de convulsión social renunció al cargo de presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña argumentando que por sus principios se veía en la obligación de presentar su dimisión irrevocable al cargo.

La senadora suplente del MAS en Potosí Sonia Chiri Coronado evitó referirse al tema. Afirmó que una vez conformado el Tribunal Supremo Electoral, y en breve se consoliden los nueve tribunales departamentales, la bancada del MAS se reunirá para tratar el tema del mandato de la Asamblea Plurinacional. “No hay una decisión como bancada, ese tema aún no se ha tocado”, reiteró.

Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputado, a inicios de semana anunciaba la posibilidad de aprobar una ampliación de mandato y que debería ser para todos. Indicó, sin embargo, que el Legislativo no hará gestiones en ese sentido, a menos que haya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El actual periodo constitucional debe finalizar el 22 de enero de 2020, pero según la interpretación que se hace desde el Gobierno, el periodo transitorio de Áñez no tiene una extensión limitada, puesto que la Carta Magna solo fija un plazo de 90 días para llamar a elecciones, pero no contempla el tiempo de mandato.

Choque recalcó que solo en el caso de que el Tribunal Constitucional lo habilité de forma expresa y escrita, la Asamblea Plurinacional podrá elaborar una norma para ampliar su mandato hasta que se posesione el nuevo gobierno y los nuevos asambleístas.

Elevan consultas al Tribunal

A mitad de semana se conoció que las bancadas en la Cámara de Senadores decidieron elevar una consulta al Tribunal Constitucional para que despeje las dudas y plantee plazos respecto a la extensión del mandato de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, además de las autoridades de los gobiernos subnacionales.

Al respecto, el senador cruceño Óscar Ortiz, Unidad Demócratas, explicó que se elaboró un proyecto de ley respecto a la extensión del mandato y fue remitido el viernes al Tribunal Constitucional para su consideración.

Ortiz aclaró que la ampliación de mandato también alcanzará a los gobernadores y asambleas departamentales, pues la postergación de las elecciones nacionales también implicaría que los comicios subnacionales se posterguen.

Junto a representantes de las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, Ortiz explicó que es “imposible” realizar las elecciones nacionales antes del 22 de enero, fecha establecida para el cambio de autoridades de Gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Ortiz hizo esa explicación junto a representantes de las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y argumentó de que es “imposible” realizar las elecciones nacionales antes del 22 de enero, fecha establecida para el cambio de autoridades de Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

En el caso de las autoridades departamentales, alcaldes y concejales, sus mandatos debe terminar el 30 de mayo, pero las elecciones subnacionales no se podrían hacer hasta esa fecha.

Por la premura del tiempo, los legisladores pedirán a los miembros del Tribunal Constitucional que emita su dictamen con prontitud, incluso para que el TSE ya cuente con esa decisión para convocar a las elecciones.

En ese marco, el exmagistrado constitucional José Antonio Rivera explicó que lo que corresponde es aprobar una ley constitucional para ampliar el mandato de las autoridades electas y antes de ser sancionada debe ir a consulta al TCP. 

Una vez la consulta llega al tribunal, el siguiente paso debe ser resuelto en sala plena con la totalidad de sus miembros para que el Tribunal Constitucional emita un acuerdo de sala plena declarando el carácter excepcional y extraordinario del proceso y, por lo tanto, acelerar los pasos procesales para despachar con la urgencia necesaria la respuesta a la consulta que se hace sobre esta temática.

Lecturas diferentes

Jimena Costa, diputada de La Paz por UD y Norma Piérola, legisladora por Cochabamba por el PDC, por separado, hacen lecturas diferentes sobre la prórroga del mandato constitucional que finaliza este 22 de enero.

Para Costa no es necesario revisar el mandato de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional porque Áñez, tras asumir el mando como Presidenta de transición (fue el 12 de noviembre), de manera automática deja de ser parlamentaria y en el caso del legislativo nacional, lo que se debe hacer es aprobar una ley de ampliación del mandato hasta que los miembros del máximo tribunal electoral del país le entreguen credenciales a las nuevas autoridades nacionales electas.

“No hay necesidad de revisar el mandato del Ejecutivo porque ella (Jeanine Áñez) ya no es senadora, y en el caso del Legislativo, se debe aprobar una ley para ampliar el mandato”, opinó Costa y esa norma se debe tratar una vez se conozca la fecha de los nuevos comicios y el día de la poseción del nuevo mandato de las autoridades elegidas, recién en la Asamblea Plurinacional aprobar la ley de ampliación especifica el mandato.

A diferencia de Costa, los legisladores del MAS y de la argumentación de las bancadas del Senado, Piérola va por el cumplimiento al pie de la letra del mandato de la Constitución Política del Estado y que, según ella, está especificado en el parágrafo II del artículo 153.

En dicho parágrafo dice textualmente que “las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán inauguradas el 6 de agosto de cada año”. Piérola también hace referencia al artículo 155 de la Carta Magna que establece que la “Asamblea Legislativa Plurinacional inaugurará sus sesiones el 6 de agosto en la capital de Bolivia, salvo convocatoria expresa de su Presidenta o Presidente” y que, según ella, el ahora exmandatario Evo Morales, de manera arbitraria dispuso que la juramentación de las autoridades nacionales sea el 22 de enero y no el 6 de agosto.

A decir de la legisladora por Cochabamba, lo que sí debe hacer el Legislativo es aprobar una ley con la única finalidad de que se dé cumplimiento al mandato constitucional para que así se respete la fecha de inauguración de la gestión legislativa.

A través del decreto supremo 405 del 20 de enero de 2010, el gobierno de Morales decretó como día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Esa fecha es feriado nacional y el jefe de Estado presentaba ante el Legislativo, el informe presidencial.

Después de ganar los comicios en 2005, Morales eligió como su fecha de toma del poder el 22 de enero, porque se cumplía el cuarto aniversario de su expulsión de la Cámara de Diputados, en 2002, cuando perdió su curul tras un juicio político.

Meses después volvió a ser diputado y su bancada de tener cuatro escaños pasó a más de 20 representantes en el entonces Parlamento Nacional.