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Uno de los orgullos de la gestión de 2017 del gobernador Rubén Costas debió ser revertido. La auditoría ambiental ordenada por la Gobernación para saber los impactos ambientales de la expansión del Urubó en los municipios de Porongo, Colpa Bélgica y Portuachuelo, se canceló. Eso, sumado a la pausa administrativa dictada por la Secretaría de Medio Ambiente, había sido destacado por Costas en su informe de gestión, pero, según informa la secretaria Cinthia Asín, las exigencias de la Contraloría General del Estado llevaron a su repartición a resolver el contrato con la empresa que ya hacía el trabajo.

La auditoría, lanzada después de que en mayo de 2017 se declarara una pausa administrativa en unas 14.000 hectáreas del Urubó por posibles daños al acuífero, debía establecer cómo se había expandido el Urubó desde las orillas del río Piraí hasta las márgenes del Güendá, en las puertas de la circunvalación de Portachuelo. Debía dar un veredicto de cómo se habían comportado los gobiernos municipales, si ese crecimiento, que alcanzaba las 22.000 hectáreas para ese momento, respondía a criterios de incremento de población y, entre otras cosas, si los urbanizadores cumplieron todos los pasos legales antes de asentarse y pavimentar cientos de kilómetros de calles, avenidas y carreteras al otro lado del río. 

La auditoría fue adjudicada en octubre y, en noviembre, Asín recibió una solicitud de información de la Controlaría General. Según explica la secretaria, los procesos de fiscalización de la Contraloría se suelen hacer cuando se cierra el proyecto, no cuando están en curso. La carta llegada de La Paz incluía preguntas desde la comunicación interna de la oficina de Asín, hasta las reuniones con los municipios auditados, pero fue la forma de pago la que frenó todo. La Contraloría tenía razones jurídicas para hacerlo. Según el Decreto Supremo 28499, para que una auditoría ambiental cumpla con todos los requisitos, la deben pagar los auditados. No solo se trataba de los tres municipios, sino de todos los urbanizadores y compradores de lotes. Ese punto, según Asín, hizo inviable continuar con la investigación y los estudios, ya que los lotes de la zona conocida como Urubó son vendidos incluso en el exterior del país. 

En enero, cuando llegó un nuevo pedido de información reiterando los puntos de la comunicación de noviembre, se decidió disolver el contrato con la empresa adjudicada “por fuerza mayor y caso fortuito”.

Los técnicos que acompañaban a Asín explicaron que incluso cuando la auditoría debe ser pagada por un municipio grande, el trámite se hace moroso. Ponen de ejemplo la auditoría al vertedero de Normandía, que se solicitó en 2005, los términos de referencia se aprobaron en 2010, se licitó en 2012 y se finalizó en 2015. Desde la Gobernación consideraban que el del Urubó era un asunto urgente, que no podía esperar 10 años, por la importancia de los acuíferos para el futuro de toda el área metropolitana.

“La frustración que significa no hacer la auditoría es grande. Pero no podemos bajar la guardia. Daremos la lucha por recuperar las zonas de recarga, por darle sostenibilidad y planificación a esos municipios”, dijo ayer Asín. 

Para ello, la próxima semana se lanzará la licitación para el Estudio de evaluación técnico-ambiental de los impactos generados por la expansión urbana en la zona del Urubó. Asín reconoce que no tiene el mismo ‘peso’ de una auditoría, pero asegura que con los hallazgos, el gobernador, como máxima autoridad ambiental del departamento, podrá enviar a los infractores a la Contraloría o a la Fiscalía.

Una ley unánime
El jueves se dio un hecho poco usual en la Cámara de Diputados: todas las bancadas se pusieron de acuerdo para modificar la ley de creación del Parque Metropolitano Piraí, una norma que solo permitía actividades educacionales y de recreación en las márgenes del río que bordea la ciudad de los anillos. Con esa modificación, que debe ser refrendada en el Senado, también se pueden hacer cabeceras de puente y sus accesos. 

Consultado al respecto Miguel Ángel Feeney, asambleísta de UN, explicó que se trataba de una norma que había entrado a comisión en agosto, que la ‘socializaron’ bastante bien, que se hicieron reuniones con los sectores de Porongo, con los urbanizadores y como oposición vieron la necesidad de esta ley, propuesta por un asambleísta del MAS. Asegura que no es la primera vez que los diputados llegan a tener unanimidad en una ley, que aparte de las leyes declarativas de patrimonio, de necesidad de construcción de alguna obra anhelada por algún rincón del país o las de aprobación de créditos para infraestructura, votan al unísono las leyes que son para el desarollo de una región.   

El diputado del MAS Juan Cala justificó la ley porque Santa Cruz está llegando a los tres millones de habitantes y en ese marco se planteó la “tremenda necesidad para poder vincular a los municipios y comunidades”.  “La ley no especifica el punto, está simplemente rompiendo un candado de las normas anteriores para atender este tipo de necesidades”, añadió.

Cala aseguró que no solo nadie se opuso a la norma, sino que los diputados de oposición intentaron echarse flores de que impulsaron este proyecto, porque había una comitiva de Porongo, y todo el mundo intentó hacer su discurso, pero finalmente la aprobación fue unánime de toda la Cámara. 

Consultado al respecto, el diputado demócrata Luis Felipe Dorado dijo que el presidente de la comisión hizo una exposición convincente y
todos votaron de acuerdo con que se hicieran los puentes. Asegura que la unanimidad se dio por la explicación de la necesidad de vertebración entre el Urubó, La Bélgica y Portachuelo con Santa Cruz de la Sierra. Cuando se le consultó por qué no se había tomado la misma consideración con la ley de la carretera por el Tipnis, que también es una vía demandada por sectores benianos, aseguró que se trata de algo distinto, que el único puente no afecta el cordón. Cabe recordar que el cordón ecológico es reconocido por una ley como parque, al igual que el Tipnis. 

También se le preguntó a Feeney y a Dorado si conocían de algún asambleísta que tuviera tierras en la otra banda del río. Ambos respondieron que no. Dorado fue un poco más allá y aseguró que lo único que conoce es de las tierras de la familia del alcalde Percy Fernández -adquiridas hace casi 50 años y que son un triángulo boscoso- y que las tienen “donde ellos quieren que salga el puente”.

“Si se respetara el cordón, no se hubiera construido la quinta municipal”, añadió Dorado. 

Jorge Landívar, secretario de Comunicación de la Alcaldía, aseguró que la quinta está fuera del área ecológica. Sobre las tierras de la familia del alcalde, recordó que son de su propiedad hace 50 años y, pese a que no quiso referirse a si conocía de algún legislador con tierras en Porongo, aseguró que “mucha gente tiene tierra al frente, esto es un conjunto de intereses y no precisamente como área de reserva medioambiental. La ley tiene muchos interesados políticos con intereses sectoriales”, dijo.