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La falta de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la prórroga del mandato de la presidenta y la Asamblea Legislativa, a 13 días del 22 de enero, reaviva la tensión en el país. El Poder Ejecutivo denuncia un nuevo intento de desestabilización en contra del Gobierno de transición de la presidenta Jeanine Áñez por parte de su antecesor Evo Morales y denunció presiones en contra del TCP para que no acepte extender el mandato de la presidenta ni de la Asamblea Legislativa y que asuma la conducción del Estado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz.

El TCP evalúa el proyecto de ley que prorroga los mandatos de todos hace dos semanas y su presidente, Paul Franco, anunció una resolución “antes del 22 de enero”, sin precisar fecha específica.

La semana pasada, Eugenio Zaffaroni, abogado argentino de Evo Morales, planteó que sea la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien asuma el mando del país y de inmediato convoque a elecciones. Eso implicaría que el TCP rechace la prórroga.

Ayer, en medios impresos, se publicó una solicitada firmada por más de 90 abogados y profesores universitarios extranjeros, que sostienen que ante una situación en Bolivia que “viola” normas elementales de derecho, cayendo en un Estado de no derecho, y postula que “la máxima autoridad que quedará en pie será el presidente del TSJ”, y es la que debería asumir.

El Gobierno salió al paso a través del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien para rebatir la sugerencia utilizó la CPE aprobada precisamente durante el Gobierno de Evo Morales. “El TCP tiene en sus manos tal vez el fallo más importante de la época democrática de nuestro país. No podemos circunscribirnos a teorías que están fuera de la CPE, por ejemplo que el mandato constitucional caiga sobre la presidenta del Tribunal de Justicia, porque eso no está contenido dentro de la carta magna, y por eso la sucesión constitucional llega hasta la Cámara de Diputados”, dijo.

Efectivamente, así lo señala el parágrafo I del artículo 170 de la Constitución Política.

El senador oficialista y presidente de la comisión mixta de Constitución, Óscar Ortiz,denunció que hay un proceso movido por los sectores radicales del MAS, “que siguen las instrucciones de Evo Morales, que buscan generar incertidumbre y zozobra, para desestabilizar la transición democrática”. Por eso, a su criterio, ejerce presión sobre el TCP “para algo absurdo y que llevaría al país a una situación de caos”.

El legislador manifestó su confianza en que esta instancia actuará “con la responsabilidad que corresponde”, y extenderá los mandatos que correspondan.

El abogado y analista Iván Lima dijo que un mandato de cinco años no es interpretable para el TCP, y el 21 de enero termina el mandato de todas las personas elegidas. “Hay que solucionar este tema, y para ello en derecho uno debe aplicar la costumbre, y tenemos el precedente de Eduardo Rodríguez. No hay otro camino, la presidenta del TSJ debe asumir”.

El tercer escenario lo planteó el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). La propuesta consiste en aceptar la prórroga de Áñez pero no la de los asambleístas. Coímbra explicó que el Gobierno considera que más allá de los intereses políticos o personales, “creemos que la institucionalidad política del país debe respetarse. La Asamblea es el primer órgano del Estado, el que garantiza una sucesión constitucional en cualquier escenario”.

Para Lima, “EL TCP debe decirnos si lo que ocurrió entre la renuncia de Evo Morales y el 22 de enero se realizó todo de forma constitucional. Una democracia solo debe funcionar con los cuatro órganos, por lo que el TCP puede dar prórroga, no darla, sólo darla a la presidenta y sumo una más, habilitar por seis meses a la Asamblea elegida el 20 de octubre. Ocurrió con Hernán Siles, cuando se llamó a un Congreso que nunca había ejercido función”. Este medio le planteó al analista que al hacerlo se avalaría un proceso viciado por fraude, él respondió que eso solo puede confirmarlo una sentencia de la justicia boliviana, “aunque fuere vinculante no se puede ceder soberanía a la OEA”. ¿Esto abriría la puerta para que Morales retorne al poder?, se le preguntó, y respondió. “Sí, es posible, pero yo no creo que el presidente Morales esté dispuesto a tomar ese riesgo”.

El ministro de Justicia instó “a los analistas y a los constitucionalistas, más allá de la libre expresión y el derecho a informar, que actuemos con responsabilidad”.