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La ONU, el Mercosur y Amnistía Internacional denunciaron la política represiva del Gobierno de Daniel Ortega. Naciones Unidas subrayaron que los ciudadanos de Nicaragua deben poder protestar de forma libre y pacífica y reiteraron su llamamiento a un diálogo político para poner fin a la crisis en el país centroamericano.

La policía nicaragüense reprimió el domingo con bombas aturdidoras, golpes y cerca de 40 arrestos la marcha Unidos por la libertad, que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al Gobierno de Ortega.

Entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del disidente Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), denunciaron los organizadores de la protesta.

“Es importante, como cuestión de principio, que a la gente se le permita manifestarse libre y pacíficamente. Ese es un derecho básico”, dijo el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric, preguntado por la violenta jornada vivida el domingo.

La crisis ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra a los fallecidos en 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Por su parte, el Mercosur expresó su “repudio” a la represión policial en Nicaragua, de “creciente violencia” e “incompatible” con la democracia, en un comunicado divulgado por sus cancilleres reunidos en Montevideo.

El texto señala el “repudio a las acciones represivas del Gobierno nicaragüense (de Daniel Ortega) contra sus opositores y la preocupación por la detención de defensores de los derechos humanos ocurridas este domingo 14 de octubre, que representan un agravamiento de la crisis social y política que vive ese país”.

Los cancilleres Jorge Faurie (Argentina), Aloysio Nunes (Brasil), Luis Alberto Castiglioni (Paraguay) y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) “reiteran su rechazo a la continua limitación de las libertades individuales que sufre el pueblo de Nicaragua y a la creciente violencia de la represión policial, incompatibles con un sistema democrático de gobierno y que han provocado un elevado número de víctimas desde abril”.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) afirmó que, con la detención de 38 personas en una marcha contra el presidente Daniel Ortega, el Gobierno de Nicaragua “continúa con su estrategia de represión”, con la que criminaliza a quien disienta.