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La Cámara de Diputados sancionó la tarde de ayer la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, impulsada por la mayoría del MAS y que a juicio del Gobierno transitorio, promoverá la “impunidad”.

Fue una tensa sesión en la Cámara de Diputados. Entre rechazos y reproches, pero finalmente, el Movimiento Al Socialismo hizo pesar sus dos tercios y aprobó la norma que era exigida por los dirigentes de Pacto de Unidad y por el mismo Evo Morales. 

Pese a que desde el Ejecutivo se adelantó que esta norma no será promulgada, la premura del MAS llevó a sus miembros a advertir que serán ellos quienes la promulguen. Si el Ejecutivo no promulga la ley, la Asamblea Legislativa lo puede hacer. Sin embargo, no se descarta una pelea ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para dejar sin efecto a esta norma.

De hecho, esta ley fue uno de los elementos más conflictivos durante la pacificación del país después de la renuncia de Evo Morales. Mientras los dirigentes medios del MAS y de los movimientos sociales que acompañaron al anterior Gobierno denunciaban persecución política, el nuevo oficialismo decía que los derechos constitucionales gozan de plena vigencia y consideraban que lo único que perseguía esta ley era que los hechos delictivos que se cometieron durante la convulsión social, queden impunes.

La aprobación

La norma fue derivada tras aprobarse luego de su inserción en la sesión de la Cámara de Senadores el pasado viernes por la noche. Miembros de UD y PDC manifestaron que impugnarán dicha reunión y no permitirán que una norma que busca la “impunidad” para los actores de los hechos violentos de octubre y noviembre se viabilice. 

La noche del viernes, sin que medie un informe de la comisión de Constitución del Senado, la norma fue aprobada en grande y en detalle y derivada a la Cámara Baja. En ese momento, el senador Óscar Ortiz dijo que la sesión tenía vicios de nulidad, porque la comisión que él preside tenía los plazos vigentes para emitir su informe, algo que, según él, no fue respetado por la mayoría masista.

Anoche, el diputado del MAS Franklin Flores aseguró que no se trata de una norma que otorgue impunidad, sino que encamina “una investigación imparcial y el resarcimiento económico por las personas fallecidas en los hechos acontecidos”.

Muchos fueron los cuestionamientos desde que surgió este documento y que fue modificado hasta cambiar de nombre y contener nueve artículos y dos disposiciones finales. Miembros del MAS defendieron y respaldaron la urgencia de promulgar esta ley, incluso argumentaron que al momento hay muchos dirigentes que están sufriendo persecución por el actual gobierno.

“Se trata de una ley de impunidad y estos dos tercios del MAS lo único que quiere es tener impunidad para todos los miembros del gobierno de Evo Morales, sin embargo lo que desconocen es que la Constitución está por encima de cualquier ley y y por más de que hagan todo esta ley no será promulgada”, dijo el diputado LuisFelipe Dorado (UD).

Una de las principales defensoras de esta norma es la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa, quien nuevamente ratificó que la norma no establece alguna impunidad o encubrimiento de delitos. 

“Así que ahora toca que pase al Ejecutivo y tendrá diez días para su promulgación y si no ocurre corresponde a la presidencia de la Asamblea Legislativa hacer la promulgación”, dijo.