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A grito pelado. Así lanzó sus acusaciones el exministro de Gobierno, Carlos Romero, contra la Fiscalía, a quienes acusó de haber ‘plantado’ la querella en el cuaderno de control jurisdiccional. Exigió justicia, lealtad procesal y jugar limpio. No sirvió de nada su defensa material, porque ayer le negaron la acción de libertad y hoy debe enfrentar al juez cautelar. Mientras el abogado Eduardo León sumó otro caso contra la exautoridad, por los pagos a los jueces ciudadanos del caso terrorismo que data de 2008.

“Cómo es posible que para el control jurisdiccional, como ha demostrado el abogado con papeles, cómo puede aparecer sin que esté registrado, ¡porque se la inventaron! Disculpen, soy muy espontáneo, no planifico las cosas premeditadamente. Por eso no tiene folio, porque lo introdujeron en el expediente y no hubo control jurisdiccional”, argumentó casi a gritos el exministro cuando hizo uso de su defensa material.

Afirmó que la diputada Rose Marie Sandoval presentó su ampliación de denuncia el 27 de diciembre y que la fiscalía tenía 24 horas para presentarla ante el juez cautelar; pero recién lo hizo el 9 de enero, es decir 14 días después y el mismo día en que salió la noticia de que él estaba en su departamento en la zona de Sopocachi.

Nuevamente elevó el tono de voz cuando aseguró que esta ampliación no había sido tomada en cuenta porque en todo el tiempo que se investigó las denuncias de la diputada Sandoval, ésta nunca aportó con una prueba. “No tuvo la honestidad, la ética, la conciencia moral de adjuntar una prueba que construya un proceso”, espetó.

La audiencia duró cuatro horas. De ese tiempo, Romero habló 20 minutos. Su abogado defensor, Andrés Zúñiga, lamentó que el juzgado Onceavo de Partido y Sentencia Penal no valorara las pruebas que presentaron. “Ahora vamos a enfrentar al juez cautelar que está a cargo del caso y del que mi cliente no es parte”, arguyó.

Más casos

Mientras se desarrollaba la audiencia, el abogado Eduardo León presentó documentos que prueban que fue el Ministerio de Gobierno el que pagó, desde cuentas fiscales los pasajes de avión para los jueces ciudadanos, Sonia Mamani y Anastasia Callizaya, en diferentes fechas.

Asimismo, entregó las fotocopias de la empresa aérea que recibía los pagos para entregar los billetes de avión.

“Hay que recordar que los jueces ciudadanos reciben un salario que es el 50% de lo que percibe el juez técnico. El ministerio de Gobierno no tenía por qué pagar estas sumas a personas que fueron designadas, esto es uso indebido de influencias y malversación de fondos, como mínimo”, relató el abogado.

Hoy en la mañana presentará la denuncia en la fiscalía acompañando, dijo, más pruebas de este caso.

Pero no solo eso, también dijo que se sumará al caso de la malversación en la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) ampliando la investigación a otras exautoridades de Gobierno que estuvieron desde 2010.

De ese modo mencionó los nombres de, Carlos Romero, también los exministros, Hugo Moldiz y Wilfredo Chavez; además del exviceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga y Felipe Cáceres García. Suma a esta lista los nombres de algunas personas que ya están procesadas, como Vivian Karen Flores, Nancy Karlena de la Torre y Katherine Gallardo Gil.

Sobre esta última persona, el abogado afirmó que se trataba del “enlace” de Romero con el máximo ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi y con un excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, coronel Iván Pérez Rojas.

Romero también dijo que él se quedó en el país para enfrentar cualquier caso porque está seguro que no tiene culpa alguna de las acusaciones que le endilgan. Relató en su audiencia que nueve de cada diez personas que lo visitaron le recomendaron que huyera y que él decidió quedarse “a dar la cara”. Al salir dijo que no podía hablar.