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Carlos Romero será remitido en las próximas horas al penal de San Pedro. El exministro de Gobierno deberá cumplir detención preventiva de seis meses en esa cárcel de La Paz, dentro del proceso de investigación por hechos de corrupción al interior de la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

Tras una audiencia de más de seis horas, el juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dispuso la medida cautelar contra la exautoridad del MAS, que fue imputada por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“La aprehensión fue ilegal, la forma en la que lo han conducido no está previsto en el procedimiento penal ni en la Constitución (…) Lamentablemente para el juez existen elementos de convicción sobre una posible autoría y solo el domicilio está en cuestión”, dijo el abogado de Romero, Andrés Zúñiga.

Dicha instancia judicial resolvió primero un recurso que objetaba la forma en la que había sido aprehendido quien fuera hombre fuerte de Evo Morales, conducido a la Fiscalía por la Policía el miércoles, tras abandonar una clínica de la Caja Petrolera.

El 10 de enero el exministro fue evacuado en una ambulancia, en medio de un fuerte operativo policial ante una vigilia ciudadana que se había instalado en el sector. Presentaba un cuadro de hipertensión, dolor intenso por una úlcera activada, ansiedad y depresión, según dijo el médico que lo atendió.

Sobre el caso Uelicn

En febrero de 2019 la diputada Rose Marie Sandóval presentó una petición de informe sobre presuntas irregularidades en 42 contratos de Uelicn con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL.

La denuncia se basa en acuerdos directos con un “clan familiar”, por más de $us 60 millones para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de unidades aéreas Diablos Negros y Rojos.

En diciembre pasado la legisladora presentó una ampliación de querella contra el exministro y otras cinco personas por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.