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El documento resumen del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín y elaborado por la Corte de Fort Lauderdale, donde se inició este lunes el juicio civil contra ambos, establece que la clave de las audiencias será demostrar si en los sucesos de octubre de 2003 hubo "intencionalidad" de matar.

Tanto el expresidente Sánchez de Lozada como su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, comparecen desde hoy en Fort Lauderdale, estado de Florida, en la parte final del juicio civil que los familiares de siete víctimas de la represión de 2003 interpusieron contra ellos.

Según el documento judicial de los casos 07-22459 y 08-21063 de la Corte del Distrito Sur de Florida, y al que obtuvo acceso Brújula Digital, una de los puntos centrales del juicio será justamente demostrar si hubo "intencionalidad".

Al tratarse de un juicio civil, ambas exautoridades son consideradas "responsables" y no "culpables" y el castigo que pueden enfrentar es ser forzados a pagar sumas millonarias a las víctimas que murieron en El Alto y otras localidades del país (65 en total).

El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, confirmó que el juicio solo implica un resarcimiento económico y no la extradición al país. "Esta posibilidad fue rechazada en cuatro oportunidades por tribunales de EEUU", expresó.

Ambos renunciaron el 17 de octubre de 2003 y luego se trasladaron a EEUU, donde viven desde entonces y se han negado a volver a Bolivia a enfrentar las acusaciones en su contra.

"Los demandados (Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín) argumentan que no hay evidencia de que alguno de los familiares de los demandantes fuera asesinado intencionalmente por el Ejército boliviano", dice el documento, que resume todo el proceso judicial hasta la fecha.

El texto agrega que "los demandados sostienen que incluso si hubiera evidencia de que los miembros del Ejército boliviano atacaron intencionalmente para matar personas, no hay evidencia que respalde la responsabilidad indirecta de los demandados por esas muertes".

La defensa reconoce que hubo un "uso legal" de la fuerza represiva, destinada a reponer el orden en el país, que se había visto afectada por las protestas, algunas de ellas violentas, contra el Gobierno.

La parte acusadora cree que tiene los suficientes elementos para demostrar que sí hubo esa "intencionalidad". Para ello usan los testimonios de varios testigos que están a favor de las víctimas, como por ejemplo la del exalcalde Juan del Granado, quien dijo en las fases previas del proceso que Sánchez Berzaín amenazó con las muertes de los manifestantes.

"Cuando el alcalde de La Paz llamó al acusado Berzaín para expresar su preocupación por la violencia y la necesidad de pacificar la ciudad, este  le dijo: "Alcalde, si hay cinco muertos es lo mismo que hubieran 50 más, y resolvemos el problema".

Otro testimonio en sentido del deseo "intencional" de matar lo dio en la fase previa el ex defensor del Pueblo y actual rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Testificó que en una reunión organizada para tratar de resolver pacíficamente el conflicto, él sugirió al expresidente remover a Sánchez Berzaín de su cargo y poner en su lugar a un político más proclive al diálogo.

En ese momento "el acusado Sánchez de Lozada respondió que la fuerza era necesaria para restablecer el orden, diciendo: 'si quieren dialogar sobre el gas, entonces tendremos diálogo; pero si quieren guerra sobre el gas, entonces tendrán guerra, y dispararemos contra todas las personas violentas en EI Alto".