TSE revisa nóminas de candidatos vinculados con el narcotráfico

La revisión de los requisitos de candidatos para las elecciones generales empieza hoy y se prolongará hasta el domingo 9 de febrero, informó ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero. Antes que empiece ya surgieron las denuncias de candidatos vinculados a familiares de narcotraficantes y procesados en la justicia ordinaria.

Hasta el martes, los partidos políticos que presentaron candidatos son: Frente Para la Victoria (FPV), Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que las alianzas son: Comunidad Ciudadana, Creemos, Juntos y Libre 21.

Existen dos casos notorios, uno que se registra en el MAS y el otro en la alianza Juntos. En el caso del MAS está la candidata María Roxana Nacif Barboza, que postula a primera senadora en el Beni. De acuerdo con los datos oficiales, en marzo de 2016 se produjo un accidente en Santa Ana de Yacuma, en el mismo falleció el piloto José Elías Nacif Barboza, al que vincularon con actividades de narcotráfico en Bolivia y Paraguay. Era hermano de la postulante. En junio de 2018, un hombre fue acribillado en Santa Cruz y también se vinculó familiarmente a Nacif Barboza.

En el caso de Juntos, se encuentra el candidato Hugo Vargas Lima Lobo, quien fuera alcalde de San Joaquín, hermano de Carmen Iris Lima Lobo, que fue candidata por el MAS y vinculada a Célimo Andrade, uno de los capos del cartel de Cali.

En septiembre de 2019 se aprehendió a José Lima Lobo Dorado, que está vinculado, de acuerdo con la denuncia del Gobierno, a los grupos colombianos y al Primer Comando de la Capital (PCC).

Estos dos casos sobresalen de las listas de 2.080 candidatos que presentaron los partidos hasta la medianoche del lunes.

Pero hay más: también están los que tienen cuentas pendientes con la justicia y en ese punto, es el MAS el que tiene a dos postulantes con procesos pendientes. Se trata de la candidata por la circunscripción 52, Deisy Judith Choque Arnez, quien se encuentra en la cárcel de Palmasola con detención preventiva y acusada de homicidio. Está sindicada de ser la autora intelectual de los hechos violentos que derivaron en la muerte de dos personas en Montero, el 30 de octubre de 2019.

El otro caso es el de Mario Silva, un exdirigente de la Federación de choferes 1ro de Mayo, en La Paz y es acusado de recibir depósitos millonarios en su cuenta personal de Vías Bolivia, cuando era presidente Evo Morales. Ya fue candidato en 2019 y ahora volvió a ingresar a las listas como noveno titular por La Paz.

En el caso de Deysi Choque, su abogado, Carlos Hugo Vaca justificó su inclusión y dijo que su cliente puede postular a un cargo electivo porque solo perdió el derecho de locomoción al estar detenida y que no existe ninguna prohibición al respecto. De hecho, Leopoldo Fernández fue candidato a la vicepresidencia estando preso por la matanza de Porvenir.

Los requisitos

El presidente del TSE, Salvador Romero, informó ayer que los vocales empezarán con la revisión de los requisitos de cumplimiento de los más de 2.000 candidatos y que luego de realizar las observaciones, los partidos deben subsanar los mismos.

Romero explicó que el TSE tiene una semana para emitir observaciones a la documentación presentada por las organizaciones políticas y estas tienen 48 horas para subsanarlas; en caso de que los partidos no superen las observaciones, los postulantes serán eliminados de las listas, sin derecho a reclamo.

De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política del Estado, los candidatos presidenciales deben cumplir un requisito. “Para acceder a la candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia del Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 30 años de edad cumplidos el día de la elección y haber residido de forma permanente en el país al menos cinco años inmediatamente anteriores a los comicios”, señala la Carta Magna.

Personal

Los analistas Erika Brockmann y Armando Ortuño coincidieron en afirmar, por separado, que el grueso de las listas refleja una intención de recambio de las organizaciones políticas y destacaron la presencia de muchas personalidades que no son conocidas en el ámbito político.

De ese modo, afirmaron que la inclusión de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia debe ser solucionado por el propio partido. Ortuño recordó que el mismo TSE informó que existe un periodo de revisión de las listas y la posibilidad de que las mismas sean modificadas.

Brockmann rescató la edad de los candidatos y afirmó que el 42% de los mismos están integrados por gente “milenial y centenial”, que no tienen como profesión la política.

Reciclados

Pero también se puede observar la presencia de antiguos políticos que intentan regresar al Parlamento después de más de 10 años, es el caso del exdiputado Pablo Banegas, que era diputado por Podemos en la gestión 2006-2011, que fue cortada tras la aprobación de la nueva CPE. Ahora es candidato a primer senador por Libre 21 que promueve a Jorge Tuto Quiroga.

Otros que reaparecen en las listas son exlegisladores tarijeños, el exdiputado, Wilman Cardozo, que estuvo en la suspendida gestión 2006-2011 y ahora es segundo senador por Juntos. Mientras que el exdiputado uninominal y actual alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, ahora es aspirante a primer senador, también por su natal Tarija. También está el caso de Centa Rek, que estuvo con PPB entre 2010 y 2015 y ahora trata de volver con Creemos.

El diputado Amilcar Barral dijo que la presencia de ‘reciclados’ en el Parlamento no solo será de los antiguos políticos, sino que también habrá los que repiten legislatura. Mencionó a Tomás Monasterio, Yavide Ascimani, Trifonia Muñoz, o el actual senador Pablo Klinski. La senadora Silvia Guzmán, que fue suplente del ministro Arturo Murillo, ahora es candidata a titular. En el MAS también quieren repetir la diputada Betty Yañíquez y Adriana Salvatierra, que baja de senadora a diputada.