El difícil dilema del ministro Arturo Murillo

Walter Guevara Anaya

A principios de enero de 2020, el ministro de Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez exhibió un par de manillas ante la televisión con las palabras: “Acá lo estamos esperando a don Evo Morales, que venga a Bolivia, acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro y no por política, no por persecución, por terrorista”. A mediados de febrero, el ministro de Justicia informó que fueron activados 592 procesos de investigación contra exautoridades del MAS.

Arturo Murillo como ministro de Gobierno tiene la obligación de descubrir y delatar a los que atentan contra la seguridad del Estado. Algunos lo critican por dar la impresión de que el debido proceso no es lo más importante en su conducción de esos casos, así como en los de corrupción, narcotráfico y mal manejo del Estado que saltan por donde se mire.

Esos críticos no se ponen en lugar de Murillo, que enfrenta un dilema difícil de resolver.

Lo correcto es que denuncie presuntos atentados contra la seguridad pública o cualquier otro delito ante la Fiscalía, para que sea esta la que realice las investigaciones pertinentes. Los fiscales encargados de cada caso deberían ser los que disponen si corresponde o no alguna forma de detención de los presuntos culpables así como una acusación formal ante un juez. Esa es la teoría. Ahora veamos la cruda realidad.

Murillo tiene que lidiar con fiscales y jueces que, con contadas excepciones, fueron elegidos para cumplir las órdenes del Poder Ejecutivo. Durante 14 años los ministros de Gobierno y de Justicia de Evo Morales manejaron jueces y fiscales a su antojo para perseguir a opositores políticos y quien sabe para qué más.

El instante en que algunos de esos fiscales se enteraron que Evo Morales abandonó su cargo y se acogió al asilo que le otorgó México desataron una persecución sañuda contra los miembros del organismo electoral designado por Evo Morales. Los acusaron de haber sido responsables del fraude electoral que gatilló la caída del régimen masista. Un fraude que ignoraron mientras se lo perpetraba bajo la gestión de Evo Morales.

Se podría suponer que los fiscales puestos a dedo por Evo acusaron a esas autoridades evistas debido a una denuncia formal del recién jurado ministro Murillo. También se podría suponer que, en menos de lo que canta un gallo, se quitaron la camiseta del MAS y se pusieron la del nuevo Gobierno. O las dos cosas a la vez.

Un incidente a principios de febrero muestra la difícil situación del ministro Murillo. Dos ex funcionarios del Gobierno de Evo Morales fueron detenidos por orden de la Fiscalía, a pesar de que el Gobierno de Jeanine Áñez les había otorgado salvoconductos para salir del país.

“No vamos a permitir que la seguridad del Estado se ponga en duda ni en peligro, a mí no me importa que traten de dañar mi nombre, pero le han hecho un daño al país al sacar una orden de apremio cuando había un salvoconducto y esto está orquestado por manos negras que están buscando desestabilizar al Gobierno”, declaró molesto. Apuntó a los responsables y su objetivo: “Claramente vemos que aquí los fiscales y jueces han sido puestos por el anterior Gobierno y buscan perjudicar investigaciones de casos de corrupción y narcotráfico”.

El momento que pronunció esas palabras, Murillo notificó a los fiscales que en adelante sopesarán mejor la inclinación que tienen de complacer al poder de turno; que no se sorprenderá si anticipan sus impulsos persecutorios y que sabe que tratan de hacer quedar mal al Gobierno y a la campaña presidencial de Jeanine Áñez, soltando acusaciones y órdenes de arresto contra altos exfuncionarios del MAS y contra allegados de menor nivel.

Todo ministro de Gobierno necesita un excepcional grado de sutileza para no ensartarse en los cuernos de este dilema. No puede prescindir de fiscales y jueces dignos de poca confianza, pero tampoco puede enemistarse con ellos. Mientras se mantengan estas condiciones no es posible una sana relación institucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.

Es fácil identificar a los masistas (y no masistas, como Elio Montes de Entel) que presentan indicios de corrupción, de narcotráfico o de mal manejo de la cosa pública, incluyendo a jueces y fiscales que cometen actos reñidos con sus deberes y obligaciones. Lo difícil es hacer justicia con ellos, evitando tanto la impunidad como una persecución indebida y arbitraria.

Hay una inaguantable circularidad en la palabra “con” cuando se refiere a jueces y fiscales.