Procesarán a funcionarios que usen bienes públicos en campaña
El Gobierno emitió un decreto que prohíbe uso de bienes del Estado en proselitismo. El oficialismo utiliza la palabra ‘juntos’ en programas públicos. Para ministro, es ‘hilar fino’
El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) presentará hoy en Santa Cruz el plan Juntos, libre de droga.
La denominación del programa coincide con el nombre de la alianza política Juntos, que postula a la presidenta candidata Jeanine Áñez, que ayer promulgó el Decreto Supremo 4159, que establece prohibiciones en el uso de bienes, recursos, medios de comunicación y funcionarios públicos para la campaña electoral.
Yerko Núñez, ministro de la Presidencia y exsenador por UD, fue el encargado de presentar el decreto supremo en una conferencia de prensa. Afirmó que es una “muestra clara” de parte del Gobierno en su intención de separar la campaña electoral de la gestión pública.
El Ministerio de Salud también utiliza la etiqueta oficial “#JuntosContraElDengue”. Consultado, el ministro Núñez afirmó que intentar mezclar los planes del Gobierno con la alianza política Juntos “es hilar muy fino”.
El decreto también dispone iniciar procesos legales en contra de los funcionarios públicos que incumplan con lo que establece la norma que fue firmada por el gabinete en pleno.
Restricciones
El Decreto Supremo 4159 dispone la prohibición de utilizar vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros medios de transporte oficiales del Estado. Tampoco es permitido el uso de servicios y recursos económicos públicos. Asimismo, se impide disponer del personal, dentro o fuera de las instalaciones de las entidades estatales.
La norma promulgada ayer prohíbe “utilizar espacios de inauguración y entrega de obras públicas, programas o proyectos, para pedir el voto”. De igual forma, contempla la prohibición de utilizar recursos públicos para la difusión de propaganda electoral, por cualquier medio de comunicación masivo o interactivo estatal”.
El 5149 es de uso obligatorio en todo el Órgano Ejecutivo, sus entidades desconcentradas, descentralizadas, autárquicas, empresas públicas y empresas en las que el Estado tenga mayoría y participación accionaria.
Reacciones
El diputado Luis Felipe Dorado, disidente de UD, calificó el decreto como un acto de proselitismo político. “Buscan mostrarse como limpios, pero utilizan el canal estatal y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para promover la imagen de Áñez”.
Por su lado, el diputado Henry Cabrera (MAS) afirmó que los bienes públicos no tienen que ser utilizados por las autoridades en campañas electorales porque son de todos los bolivianos.
Durante el Gobierno del MAS, la oposición cuestionó el uso de bienes del Estado en campaña electoral, incluso el TSE sancionó al entonces presidente Evo Morales por prometer obras en Morochata (Cochabamba) a cambio de votos.
