Los cinco abogados externos que defienden a Bolivia ante la CIJ terminaron su relación laboral, según la Cancillería

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29 de febrero de 2020, 3:00 AM
29 de febrero de 2020, 3:00 AM

El Gobierno destinó Bs 19 millones en la gestión 2019 para el desarrollo de la demanda de las aguas del Silala. El titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), Emerson Calderón, explicó que de ese monto se ejecutó el 68%, ya que aún falta concretar la fase de alegatos orales previsto para este año.

Calderón detalló que Diremar coadyuvó en la redacción de la dúplica del caso Silala y que en la gestión de 2019 se desarrolló investigaciones y estudios para revertir los argumentos que planteó Chile en su réplica. El funcionario acotó que están en curso diversos estudios científicos y jurídicos sobre recursos hídricos compartidos con la nación chilena.

“Sobre el presupuesto de Diremar durante la gestión 2019 se ejecutaron Bs 19.773.943. Esta ejecución alcanzó el 60,2% del presupuesto asignado. Esto se debe a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no ha convocado a las partes para las audiencias orales del juicio del Silala. Por lo tanto, gran parte de ese presupuesto que teníamos asignados para la defensa oral serán aplicados durante esta gestión”, remarcó Calderón.

Sobre el caso Silala, la Cancillería informó que cinco abogados del equipo jurídico internacional que asesora a Bolivia ante la CIJ terminaron su relación contractual con el Estado entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019.

Los juristas Vaughan Lowe, Payam Akhavan y Amy Sander terminaron su contrato entre septiembre y diciembre de 2018. Mientras que Monique Chemillier y Antonio Remiro Brotóns concluyeron su relación laboral en mayo y noviembre de 2019, respectivamente.

Calderón evitó referirse al nuevo equipo que defenderá a Bolivia ante la CIJ. El agente Jaime Aparicio reveló que el abogado francés Alain Pellet ahora es parte del grupo jurídico.

Mientras, el diputado Gonzalo Barrientos (UD) pidió demandar por estafa a los cinco abogados que terminaron su contrato laboral con el Estado.

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