Un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que se publicará en abril, arrojó cifras poco alentadoras con respecto a la violencia de género en Bolivia. Hasta el 5 de marzo se contaban 27 feminicidios

8 de marzo de 2020, 3:00 AM
8 de marzo de 2020, 3:00 AM

Si no es un día para celebrar, que al menos sirva para la reflexión.

Un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) encontró que el 46% de las mujeres pobres y el 35,6% de las no pobres en el país se sienten inseguras ante la violencia que sufren o pueden sufrir.

Los porcentajes dejan por sentado que los ingresos económicos no garantizan que esa sensación aminore. Los datos salieron de la profundización del texto Desigualdades y Pobreza en Bolivia: Una perspectiva Multidimensional, que aborda la pobreza desde la perspectiva monetaria y de negación de los derechos humanos. El estudio se sustenta en datos de la última Encuesta de Hogares realizada por el INE en 2017.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, Bolivia es uno de los países donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica, sobre todo en el eje troncal.

Las tasas de feminicidios más altas por cada 100 mil habitantes en 2018 fueron para El Salvador (6,8), Honduras (5,1) y Bolivia (2,3). Hasta el 5 de marzo, 27 mujeres fueron asesinadas, en la mayoría de los casos por allegados.

“La investigación de Cedla pone en evidencia lo que los indicadores de pobreza entendida desde el punto de vista monetario no muestran. Revela que, pese a la participación directa en la generación económica en el país, las mujeres seguimos siendo pobres, pero además profundamente vulnerables debido a la privación o ausencia de derechos humanos individuales y colectivos fundamentales que nos son negados y que repercuten directamente sobre nuestra calidad de vida. Muestra la transeccionalidad de la discriminación y opresión sobre las mujeres en las identidades sociales solapadas”, opina la docente universitaria Carol Gainsborg.

Andrea Calleja, politóloga y feminista del colectivo Wañuchun Machocracia, cree que la sensación de inseguridad afecta a todos, no solo al género femenino, debido al sistema de injusticia.

“La Policía y los juzgados no son entidades de confianza, cualquiera se siente vulnerable en esas condiciones. Las leyes y anuncios solo son la forma en que las autoridades se lavan la cara, ni siquiera son buenas intenciones, la realidad concreta es que cuando una mujer denuncia, nadie le hace caso si no se mete dinero. Los feminicidios ocurren porque las mujeres se rebelan; la mayoría fueron asesinadas cuando terminaron relaciones, pidieron pensiones familiares, o bienes, es una respuesta a la libertad que buscan”, opina Calleja.

Ante la incertidumbre, lo que hacen las activistas es apoyarse de forma recíproca. “Generamos estrategias nuevas, hay la oficina Mujeres en busca de justicia de Mujeres Creando, etc.”, agrega Calleja.

El aporte sin retorno

En la actualidad, en las principales ciudades del país, las mujeres conforman el 46% de la población ocupada, el 47% de la asalariada y el 53% de la independiente, lo que prueba su incidencia económica. Los estudios de pobreza multidimensional revelan que, de toda la población boliviana, el 60,5% es pobre multidimensional; de ese grupo, el 52,8% es mujer; y de toda la población de mujeres, el 61,8% es pobre multidimensional.

En una comparación entre mujeres pobres y no pobres, el 83,7% de las pobres no cuentan con afiliación al sistema de pensiones, frente al 71,7% de las no pobres. El 90,1% de las pobres logra ingresos laborales menores a la canasta familiar, aunque entre las no pobres el porcentaje tampoco baja, es de 64,1%.

El 57% de las pobres tiene una escolaridad menor al promedio, frente al 21,2% de las no pobres. Aun así, existe una leve diferencia en cuanto a la estabilidad laboral, ya que entre las pobres el 88,5% no la tiene, pero entre las no pobres un 77,7% tampoco.

Los ingresos económicos no son garantía, pero la expresidenta de la Cámara de Diputados, Norah Soruco, cree que son importantes. “En el empoderamiento, la autovaloración de la mujer es vital; otro elemento es la independencia económica. Sin estos, aumentan las situaciones de violencia”, considera.

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