Una resolución ministerial, aún en ajuste, establece la importancia de establecer normativas para que se proteja la seguridad de los consumidores y usuarios. Surgen voces a favor y en contra de los cambios

16 de marzo de 2020, 3:00 AM
16 de marzo de 2020, 3:00 AM

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural ajusta detalles, antes de poner en vigencia, la Resolución Ministerial 31/2020 del 11 de febrero de 2020 que establece los requisitos y criterios elementales que debe exigir el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) para la emisión de ‘certificados de conformidad’, como requisito previo para la importación de vehículos nuevos, antiguos o para reacondicionamiento. Hace énfasis en el control de calidad y protección de la seguridad de los consumidores y usuarios de vehículos importados.

La mención asoma después de que un sector que se atribuye la representación de los importadores de los vehículos usados de Bolivia difundiera un comunicado en el que deduce ilegalidad en la emisión de la norma y cuyo pretexto, así señalan, es reglamentar los trámites de importación, imponiendo requisitos, para beneficiar a las empresas que cuentan con la representación de las marcas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, dijo desconocer esa institución que jurídicamente no existe y denotó que nunca recibió una invitación, de ellos, para dialogar del tema.

Señaló que la RM 31/2020 corresponde a un estudio de mercado y seguridad elaborado por la Autoridad de Fiscalización de Empresas, la cual determina la situación del mercado de los vehículos y la importancia de establecer normas para que se proteja la seguridad de los consumidores y usuarios de vehículos importados, dado que, en la industria automotriz, la fabricación se hace en base a un estudio geográfico, ambiental y otros aspectos.

“No es lo mismo usar un vehículo producido para un terreno y clima desértico con arena, a uno elaborado para el llano con cambios climáticos extremos (nieve, lluvia, entre otros) o uno construido espacialmente para ese tipo de terreno y clima (caso de Bolivia). Esto no solamente incurriría en un problema mecánico si no también se pone en riesgo la seguridad de la población (conductores, pasajeros y transeúntes)”, apuntó Rojo.

Descargo empresarial

Los importadores de vehículos usados aseguran que su actividad es lícita, efectuada por personas naturales y empresas legalmente registradas que cumplen requisitos administrativos, aduaneros, ambientales y de seguridad exigidos por la normativa vigente. Aclaran que los modelos que internan al país son fabricados con una data de dos años.

Describen que colocan en el mercado vehículos distintos a los importados por las concesionarias, que generan empleos en el comercio y los servicios automotrices y que contribuyen al erario nacional con impuestos de importación. Se declaran en emergencia enunciando que la RM 31/2020 se hizo sin consenso.

En su descargo, Rojo explica que dicha norma corresponde a una materia de metrología, actividad realizada por Ibmetro, y que no modifica ni establece nueva regulación en materia aduanera, tributaria y ambiental.

Enfatiza que la resolución al no modificar el mercado de la compraventa de vehículos, no afecta las fuentes de empleo ni otro sector automotriz. Además, no varía la política aduanera, simplemente es de materia de metrología, por tal motivo cualquier persona (natural o jurídica) que cumpla con la norma aduanera puede importar de manera regular vehículos nuevos y antiguos. La norma está en suspenso, hasta julio, para adecuar los procedimientos operativos en cuanto a la implementación de la tecnología con equipos que permitan realizar los ensayos dinámicos.

Automotrices

Con la RM 31/2020, según el gerente de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), Luis Encinas, se ha modulado dos decretos, por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, ya que el Ibmetro que es dependencia suya, había sido “tomada y convertida” en la institución que daba curso a importaciones ilegales (con uso de documentos no permitidos) por agrupaciones de importadores de vehículos usados que debían haber sido autorizados.


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