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Hasta ahora Katherine Melgar sigue molesta tras recordar cómo la administración del edificio Puerto Madero desalojó en plena cuarentena total a su hija, de 19 años, que había llegado de Estados Unidos a su país natal. 

Dice que la actitud de la gente solo mostró falta de humanidad, pero además de cuidados, porque en vez de dejarla encerrada como medida preventiva recomendada, la subieron a un taxi y expusieron al chofer. Si bien su hija no tiene síntomas, los cuidados a tomar ya han sido claramente expuestos y difundidos por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz.

A partir de la mala experiencia, Katherine no solo dio a conocer el incidente en sus redes sociales, sino que, además, ha iniciado un proceso judicial a la directiva por el abuso.

José María Velasco, español que vive en Bolivia, y abogado con especialidad en la administración de condominios y urbanizaciones, habla de este tipo de situaciones y hace algunas recomendaciones para que, los que administran este tipo de viviendas no caigan en los mismos errores, incumpliendo la normativa, pero además violando los derechos de propietarios e inquilinos. 

Si la persona que llegó de viaje cumple con las recomendaciones del Sedes no tiene por qué salirse de su casa sin que hubieran llegado la Policía o los servicios del Sedes, que acreditan el hecho. En caso de alquiler, hay que ver el contrato para establecer derechos. De todos modos, el condominio, en la persona del administrador, debe ser denunciado para que se investigue y se determinen las responsabilidades. Hay que tener en cuenta que en ningún caso se justifica la expulsión del habitante de su vivienda, eso solo es posible con una orden judicial”, aclara.

Existe un orden jerárquico, y el decreto supremo de la presidenta Jeanine Áñez, basado en el desarrollo de los conceptos constitucionales cuando hay una emergencia. Por tanto, toda la legislación queda supeditada a esa emergencia y se entiende que estamos hablando del artículo 19 de la Constitución Política del Estado (CPE), dice: "Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria", explica.

Alberto Hurtado, epidemiólogo del Sedes, dice que de ninguna manera se puede desalojar a la persona de su vivienda. "Eso es discriminación. No hay una instructiva para que una persona sea sospechosa o confirmada deba ser desalojada. Más bien hemos encontrado pacientes en edificios, condominios, y lo que hacemos es decirles que se aíslen por los 14 días. Si la persona no cumple con eso, entonces nosotros sí coadyuvamos en la denuncia a la Policía para que se tomen las medidas legales que correspondan”, sostiene.

En el caso específico de la emergencia, José María Velasco explica que en los condominios el administrador es responsable de generar el protocolo de funcionamiento, desde el momento en que entró el vigor el decreto supremo de estado de cuarentena. "Ese protocolo debe tener, en primer lugar, los servicios básicos garantizados (luz, agua, alcantarillado y recojo de basura) por razones sanitarias. En segundo lugar, hay que dotar a los guardias y personal de las medidas de bioprotección, además es responsabilidad de la directiva y el administrador hacer que este protocolo sea conocido por todos los habitantes. En el caso de que no se respetaran esos protocolos el responsable es el administrador, que tiene que comunicar a las autoridades", detalla. 

En la circunstancia de la cuarentena, Velasco enfatiza, además, que el guardia no debería dejar pasar a visita alguna, excepto si se trata de los servicios de urgencia (médicos, policías, etc.). 

Se explicó que sería oportuno que el guardia estuviera equipado de alcohol en gel para todos los que entran, y con pistola para medir la temperatura y supervisar que se mantengan cerradas áreas comunes, como piscina, gimnasio, entre otras. 

"Las zonas comunes no pueden usarse bajo ningún concepto porque en el caso del decreto pasan a ser zonas públicas, por tanto lo que deba hacer es solo dentro de su domicilio (departamento, etc.) y dentro de ese domicilio hay actividades que no deben hacerse porque son molestas o insalubres y pueden ser consideradas como falta grave o delito al violar el decreto. En ese caso se llama a la Policía o al Sedes para dar constancia, si la cosa pasa a mayores va a la Fiscalía por tratarse de un delito contra la salud pública, aunque lo hicieran dentro de sus paredes. No pueden celebrarse asambleas de propietarios”, precisó.

Velasco dice que cuando se trata de una persona enferma y que está en cuarentena, en caso de edificios, el protocolo está clarísimo. 

"No se sale ni siquiera al pasillo, se debe llamar por teléfono a los servicios de la Gobernación (Sedes) para que acudan, le tomen la temperatura y le hagan seguimiento y la aíslen en una habitación de la casa, de ser posible con baño propio y no puede romperse esa cuarentena bajo pena. De ser posible debe tener un baño exclusivo, independiente del resto de la familia. En el caso de un departamento pequeño, con baño compartido, la persona debe quedarse completamente sola. Ese es el problema de la infravivienda", sostiene.

Velasco sugiere que la administración del condominio difunda comunicación entre todos los copropietarios que contemple las decisiones emanadas del decreto supremo de la emergencia.

Según él, los turnos de trabajo del personal deben sujetarse al cumplimiento del decreto supremo y hay que elaborar un plan de contingencia en caso de que alguno de los empleados sea afectado por el virus.

A continuación, EL DEBER comparte un protocolo detallado y elaborado por Velasco para que los condominios sepan qué hacer en caso de cuarentena. 

Covid-19: Condominios y urbanizaciones cerradas by Diego Jaramillo on Scribd