Emergencia ante la irresponsabilidad
El gobierno ha declarado un estado de emergencia sanitaria ante el incumplimiento de una parte de la población que no acató la cuarentena que de haber tenido recibido una respuesta responsable de la gente, hubiera sido suficiente. Pero no, muchos bolivianos demostraron una vez más que ni la ley ni el sentido común son lo suyo, y se pasearon como Pedro por su casa en calles y mercados de las ciudades, algunos en bicicletas, otros hacían trotes al aire libre aprovechando que había menos gente circulando. Miles de vehículos no autorizados también salían a recorrer avenidas y calles.
Ahora, esos mismos bolivianos que incumplieron la cuarentena y que nuevamente intenten salir de sus casas tendrán que atenerse a encontrarse con militares o policías que los detendrán, tendrán que pagar una multa de Bs 1.000 sin perjuicio de otras acciones legales que puedan tomarse en su contra. Si sale en auto, pagará el doble de aquella multa.
También el resto de los bolivianos tendrá que acostumbrarse a mirar más seguido el número de su cédula de identidad y verificar si la terminación del número le permite o no salir, tal o cual día, a hacer las compras para la alimentación de la familia. Igual que ocurre con la terminación de las placas de los vehículos en La Paz, que en condiciones normales tienen restringido el ingreso al centro de esa ciudad siguiendo un rol sucesivo entre lunes y viernes.
Junto con esta medida, también se ha ordenado el cierre total de frontera: nadie entra ni sale del país, excepto por razones de salud o seguridad.
Las alcaldías y gobernaciones regionales dictarán autos de buen gobierno complementarios para hacer cumplir la cuarentena bajo el estado de emergencia sanitaria. La presidenta ha hecho especial referencia a algunos alcaldes y gobernadores para que ayuden al cumplimiento de estas normas, ya que en los días recientes se ha visto a algunas autoridades locales trabajando con agendas propias, unos por figuración, otros aprovechando de hacer política partidaria.
En el mensaje de ayer, la presidenta también ha anunciado la entrega de una canasta familiar gratuita a 1.600.000 hogares del país para compensar las carencias que implican para ellos el cumplimiento del confinamiento, así como el pago por tres meses de las facturas de luz hasta 120 bolivianos, y el 50 por ciento de las facturas de agua.
Las últimas medidas de carácter social contribuirán a disminuir en parte el sensible impacto de los días de paralización particularmente de las familias más pobres del país, de aquellas que trabajan un día para comer al día siguiente, de trabajadores independientes de actividades pequeñas y otros sectores que pertenecen al grupo de los más afectados.
Como ocurre en este tipo de circunstancias, seguramente algunas de las medidas anunciadas anoche no serán del agrado de todos, pero la población debe comprender que esas restricciones y normativas son necesarias para proteger a la población misma para que no se expanda más el coronavirus en el país.
Bolivia tiene ya 39 casos de personas contagiadas con el Covid-19, la batalla apenas está comenzando y para ganarla se necesita unir todas las fuerzas: al ciudadano le toca una tarea no tan difícil de cumplir: solo tiene que quedarse en su casa. Es tiempo de contribuir, por el bien de todos.
