Opinión

Corregir medidas erradas

Juan Carlos Rocha Chavarría Hace 4/1/2020 7:00:00 AM

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Alrededor de 840 ciudadanos bolivianos están varados en distintos puntos fronterizos o en ciudades del exterior, con necesidad de retornar al país y así lo han hecho saber a través de solicitudes de repatriación por la emergencia sanitaria del mundo entero debido al coronavirus.

Uno de esos grupos de bolivianos se encuentra en la localidad chilena de Huara, cerca de la frontera con la boliviana Pisiga, alojados en campamentos improvisados y que reciben comida del gobierno de Santiago. Ellos son solo una parte de los 674 bolivianos que en varios países de la región mientras otros 154 están en Europa.

La posición inicial del gobierno de Jeanine Áñez en respuesta a esas solicitudes de repatriación ha sido de negación con el argumento de que con esa medida se estaría protegiendo la salud de los 11 millones de bolivianos que viven dentro de la frontera.

Si bien en sentido general es verdad que mientras nadie más ingrese a territorio nacional menos se exponen los bolivianos a nuevos contagios “importados”, como se llama en estos días a los casos de personas que llegan del exterior con el virus en el cuerpo, en sentido más específico se puede adoptar también una serie de medidas de bioseguridad, como la aplicación del periodo de aislamiento y observación de 14 días, con las que el riesgo sería minimizado.

Hasta ahí, la mirada simplemente técnica del tema. Pero cuando se ingresa en territorio jurídico, nos encontramos con que la Constitución Política del Estado de Bolivia ampara el derecho de sus ciudadanos a habitar en su Patria, y no es comprensible que sea el mismo Estado, en este caso a través del gobierno de Jeanine Áñez, el que viole la ley de las leyes nacionales.

La administración de la emergencia sanitaria exige del gobierno acciones rápidas y oportunas, es verdad, pero el apuro no debe conducir a adoptar decisiones equivocadas o violatorias de la Constitución como este caso.

Europa y otros países han señalado la ruta para proceder en casos como este: ellos han brindado todas las condiciones necesarias para repatriar a sus connacionales, habilitando incluso vuelos especiales en operativos ordenados y con todas las previsiones de bioseguridad que se exige en estos días.

No hay, por tanto, razón para que Bolivia no haga lo mismo con los suyos: mientras se cumplan con todos los protocolos de cuarentena, no se le debe negar el derecho de regresar a los bolivianos que pidieron ser repatriados. 

En el inadecuado manejo del caso de los bolivianos en la frontera con Chile, el gobierno de Áñez se ha expuesto innecesariamente a duras expresiones de jefes militares chilenos que hablaron de la “tozudez e indolencia” del gobierno boliviano para con sus connacionales varados en la fría frontera con ese país. 

Firmeza no es sinónimo de incomprensión ante circunstancias particulares. Al menos no debe serlo. Algunas medidas deben ser revisadas, en demostración de un adecuado manejo de la crisis sanitaria bajo y porque simplemente en ocasiones el gobierno también se equivoca. Como se equivoca al impedir –a secas- la salida de sus hogares a las personas mayores de 65 años: ¿cómo espera, por ejemplo, que las personas de la tercera edad puedan cobrar sus rentas, el bono de Bs 400, e incluso salir a comprar una vez a la semana artículos para su alimentación? No todas las personas de la tercera edad tienen familiares cercanos que puedan hacer los cobros o las compras por ellos.

En este último caso, otra vez se trata de un criterio de humanidad y compasión por los que mayores dificultades enfrentan en estos días de cuarentena. Corregir errores no es señal de debilidad, sino de sensibilidad, comprensión e inteligencia. Así debe entenderlo el gobierno para reencaminar esas dos medidas que están generando ruido en estos días de silencio.