Legislativo debatirá norma que flexibilice el pago de alquileres, previo acuerdo de partes

La Cámara de Diputados tratará dos proyectos de ley para la flexibilización de los cánones de alquiler en beneficio de los inquilinos y del perdón parcial del impuesto municipal y anual a la propiedad RC-IVA (Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado), en favor de los propietarios.

Los proyectos, fueron propuestos por los diputados Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Amilcar Barral, de Unidad Democrática (UD), cada uno por su parte. Ambos proyectos serán estudiados en la sesión de diputados, convocada para el miércoles 8 de abril.

La primera propuesta tiene por objeto, establecer una “condonación del 50% del pago de canon de alquiler de bienes inmuebles, que cuentan con ambientes destinados a la utilización de ambientes de vivienda, tiendas comerciales, de prestación de servicios e industriales”, señala la norma.

De la misma manera, establece el perdón “del 50% el pago del RC-IVA, referente a los ingresos emergentes del pago del canon de alquiler”, para aquellos dueños que se apeguen a la condonación en el pago de alquileres.

La norma reconoce que muchos propietarios facturan conforme a ley, el canon de alquiler y deben pagar el 13% de esa factura. “En la ley se prevé que, durante seis meses, este propietario cancele solo el 50% del RC-IVA emergente de los alquileres”, añadió el diputado Borda.

Respecto a los casos en que los propietarios no emiten factura “el proyecto exhorta para que los concejos municipales, emitan una Ley Municipal de Condonación del pago de impuesto anual a inmuebles a favor de propietarios que se sometan al ámbito de aplicación de la presente Ley”, explicó a EL DEBER, el diputado Borda.

El requisito para que el propietario acceda a la condonación del RC-IVA o a la condonación del 50% del impuesto al bien inmueble, es presentar un documento escrito entre ambas partes, donde consigne que el dueño de casa le está condonado y le está reprogramando el otro 50% para que pague a partir del 1 de enero de 2021.

El esbozo también establece que durante el periodo del tiempo de la cuarentena y hasta el 1 de enero de 2021 está prohibido el desalojo de los inmuebles, con especial protección de los ancianos, mujeres embarazadas y personas que habitan con numerosos hijos.

La segunda norma

El segundo proyecto de ley, propone el diferimiento del pago de alquileres de viviendas, departamentos, tiendas, oficinas, puestos de venta o alquiler de bien inmueble donde se cancele alquiler mensual, tanto públicos y privados, por el lapso de un año y dos años respectivamente.

“Es decir, las casas, viviendas, departamentos, cuartos, etcétera, donde los ciudadanos residan permanentemente. El prorrateo será por el lapso de un año máximo o el tiempo de duración de su contrato de alquiler que reste menos de un año. En el caso tiendas, oficinas, puestos de venta o alquiler, bien inmueble que no sea habitado de manera permanente, el plazo de cumplimiento de pago y prorrateo será por el plazo máximo de dos años o el tiempo restante de su contrato de alquiler. Para ambos casos, se deberá realizar el prorrateo y la cancelación en cuotas conjuntas, con los alquileres mensuales y acuerdos con los propietarios y administradores de dichos inmuebles públicos y privados”, explicó el diputado Amilcar Barral.

Este proyecto también propone un descuento del 50% en el servicio de telefonía fija, telefonía celular e internet a partir del 20 de marzo; y un descuento del 20% en las pensiones y mensualidades en colegios institutos y universidades privadas a partir del primero de abril de 2020 y mientras dure la cuarentena del coronavirus. Este descuento no deberá afectar ni disminuir los salarios bonos u otros beneficios del personal docente y administrativo de dichas instituciones educativas.

Están de acuerdo

Consultados algunos inquilinos que pagan sus alquileres mensualmente, destacaron la iniciativa, esperando que se aplique de manera inmediata, con el fin de paliar la situación de alta de ingresos que tienen.

Otros, señalaron que la medida debería ampliarse hasta un año, al menos, teniendo en cuenta que no se conoce los efectos posteriores al plazo de duración de la primera cuarentena que terminará el 15 de abril.

“Todavía, tenemos que tener un periodo de recuperación económica para nuestras familias. Pese a que estamos usando la casa, pero no generamos ningún recurso”, señaló una inquilina en el barrio de Sopocachi de La Paz.

El viernes, las autoridades del Gobierno admitieron que estudian las posibilidades porque el tema de los alquileres es privado, entre partes, y no se puede involucrar como Estado. El ministro de Economía llamó a ambas partes a sentarse a dialogar y establecer acuerdos internos que permitan superar el problema que genera el pago de alquileres.