Fiscalía dicta detención preventiva para cuatro personas por organizar marcha en Riberalta
El pasado martes, vecinos del distrito 15 de Riberalta marcharon para exigir a las autoridades que les entreguen alimentos pues no tenían la posibilidad de trabajar. El Gobierno descubrió que les habían pagado para ejecutar la protesta
Cuatro personas fueron detenidas preventivamente luego de haber sido acusadas de organizar una marcha en Riberalta (Beni) el pasado 31 de marzo. La movilización, en la que vecinos del Distrito 15 pedían que les provean alimentos porque no pueden trabajar durante la cuarentena, habría tenido como objetivo romper la medida sanitaria con fines políticos. La protesta provocó lesiones a militares y agresiones a policías.
El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Roberto Barbosa, informó que las personas aprehendidas revelaron que recibieron pagos para promover esta movilización, aunque no dijo quiénes pagaron ni cuánto.
Las investigaciones encontraron que cinco personas, tres varones y dos mujeres, organizaron la manifestación y ofrecieron ayuda a quienes participen en ella. La quinta persona investigada se sometió a un proceso abreviado, por lo que fue sentenciada a tres años de cárcel
y los otros cuatro fueron enviados al penal de Mocoví, en Trinidad, acusados por sedición, atentar contra la salud pública y apología del delito.
"No se está persiguiendo a quienes están reclamando algún derecho, todos tenemos derecho a la alimentación y a la vida. Pero es importante tomar en cuenta que en el eje troncal el virus se está expandiendo cada vez más", dijo el fiscal de La Paz, Marco Antonio Cossío.
En conferencia de prensa, la autoridad explicó que el proceso se lleva a cabo en La Paz, y no en Beni, debido a que se trata de una investigación por sedición y que, en esos casos, la ley establece que se desarrolle en la sede de Gobierno.
“En la movilización, se producen lesiones en la humanidad de miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y agresión hacia los efectivos policiales”, declaró la tarde de este domingo, Rojas.
El Decreto 4200 que refuerza la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país, establece medidas como la prohibición de organizar reuniones sociales, políticas, mítines, manifestaciones, huelgas y bloqueos de calles, caminos urbanos, rurales y vecinales.
Sedición
El artículo 123 del Código Penal, sobre los “delitos contra la seguridad interior del Estado”, señala que serán sancionados con reclusión de uno a tres años, los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para “… oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo, el orden público
