El documento establece que los aportantes de 20 a 30 años, podrán retirar un máximo de hasta el 25%. De 30 a 40 años, hasta un máximo de 22%. De 40 a 50 años, hasta un máximo de 18%. De 50 años en adelante, un máximo de hasta el 15%. Otros países analizan la misma posibilidad.

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8 de abril de 2020, 18:49 PM
8 de abril de 2020, 18:49 PM

Para paliar los efectos económicos de los trabajadores por las medidas restrictivas para hacer frente a la pandemia del Covid-19, la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones (ASOAF), que aglutina a los inscritos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) y el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) a escala nacional, hizo llegar un proyecto de ley al Gobierno, sumándose a la de los empresarios.

En su artículo primero, se declara prioridad nacional a fin de preservar la vida y la subsistencia de los trabajadores bolivianos, aportantes a las AFP, la devolución de saldos acumulados en cuotas individuales en las AFP, bajo una modalidad de escalas por edades.

Se establece que los aportantes de 20 a 30 años, podrán retirar un máximo de hasta el 25 %. De 30 a 40 años, hasta un máximo de 22%. De 40 a 50 años, hasta un máximo de 18%. De 50 años en adelante, un máximo de hasta el 15%. La devolución se realizará de acuerdo a saldos de cada cuenta individual personal.

El proyecto precautela y minimiza cualquier afectación futura, a los trabajadores bolivianos. Por consiguiente, “el retiro es voluntario y será justificado con el llenado de un formulario de compromiso y aceptación en la entidad bancaria que corresponda. Se tendrá el tiempo adecuado para restituir buena parte del retiro voluntario de estos fondos mediante el propio trabajo”, señala.

El Gobierno analiza

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró hace dos días, que el Ministerio de Economía analizaba esa posibilidad de devolver en porcentajes, los aportes de jubilación a las personas que no recibirán bonos, como se lo había propuesto la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

El presidente de la entidad empresarial, Luis Fernando Barbery propuso la autorización a los trabajadores asalariados, para acceder hasta un 10% de los aportes a las AFP, que en su totalidad, alcanzan los $us 19.000 millones, como una medida para dinamizar la economía, con la ayuda del Banco Central de Bolivia (BCB).

Este miércoles, el empresario señaló que la propuesta que entregó oficialmente el domingo al ministro de Economía, José Luis Parada y esperaba una respuesta en las próximas horas.

"Como es plata de los trabajadores, habría que devolverles, pero afectará su saldo y a largo plazo, podría reducir hasta un 10%, los ingresos que tendrán cuando se jubilen. Y si es que se retira a través de un préstamo con el sistema financiero, habrá un plan de pagos y una devolución y seguramente no habrá mayor impacto sobre los saldos de los ahorros de los trabajadores", explicó Barbery.

La Federación de Fabriles de Cochabamba también planteó al Ministerio de Trabajo, que los aportantes puedan retirar hasta un 20% de sus aportes personales.

Otros países

Al menos dos países vecinos, analizan posibilidades para manejar estos recursos para las jubilaciones, pero que también son observados. El viernes pasado, el Congreso peruano aprobó un proyecto de ley para que los trabajadores puedan retirar de forma extraordinaria, hasta $us 3.700 de sus fondos de pensiones por la emergencia del coronavirus.

Hace dos días parlamentarios chilenos piden que se tramite una ley corta que permita el retiro del 10% de los fondos de pensiones, para enfrentar esta crisis económica.

Rechazan plan de retiro excepcional de recursos

La Coordinadora Interinstitucional de La Paz (Codelpa), rechazó este miércoles, la intención de aprobar el retiro de forma excepcional, de los recursos ahorrados para la jubilación, en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

“Se está convirtiendo en algo habitual y abusivo de parte de todos los gobiernos de turno, desde Gonzalo Sánchez de Lozada, pasando por Evo Morales y ahora, la presidente Jeanine Áñez, de querer meter sus manos al dinero de la jubilación de los trabajadores”, lamentó José Luis Álvarez, miembro del directorio de Codelpa.

Más bien, Álvarez recordó que el Estado debe a los trabajadores, más de $us 5.000 millones, porque ha sacado para cubrir obligaciones estatales, para entregar a empresarios, banqueros e industriales, para que con ese dinero, realicen actividades productivas.