Vocero de la Gobernación ve desesperación en acusaciones del ministro López

"Creo que esa declaración muestra una suerte de desesperación e impotencia”, dice Vladimir Peña, secretario de Gobierno del departamento y vocero de la Gobernación, tras la declaración de Fernando López, ministro de Defensa, que criticó lo hecho por los gobiernos departamentales y municipales, al no contener a los vecinos en sus casas.
“Su lenguaje y el tratar de responsabilizar a otros es desproporcionado y fuera de lugar”, opinó Peña.

Esta mañana, en una entrevista con Red Uno, López aseguró que lo que pasa en Santa Cruz es vergonzoso, por la cantidad de gente que circula sin que sea su día para reabastecerse. "Las autoridades se aplazaron, entregaron pases de circulación a todo el mundo y esto pareciera un día normal", regañó el ministro y añadió que Santa Cruz debe ser "el peor ejemplo de cuarentena para toda Bolivia".

Peña aclaró que la Gobernación no ha hecho una fiesta de los pases de circulación y recordó que esa es una tarea del Gobierno central, que la Gobernación dio pases al principio de la cuarentena, pero hace semanas se definió que el único autorizado para darlos era el Ministerio de Gobierno. “Deben ponerse de acuerdo entre ellos”, enfatizó. 

“Las fuerzas del orden son las que tienen que garantizar el cumplimiento de las medidas. Tienen su mando policial y militar, por lo que me parece que esto es un autorreproche”, tiró Peña.

Sin embargo, trató de bajarle la tensión a la relación entre gobiernos. Dice que lo peor que le puede pasar al país en esta crisis es que los llamados a gobernar se pongan a pelear unos contra otros, pero de igual forma recalcó que el ministro se equivocó y sugiere que no pierda la cordura.

Superposición de mapas
Peña asegura que la Gobernación tiene mapeado los lugares donde menos se cumple la cuarentena, que está en los cuadrantes sur y este de la ciudad y que ya se ha coordinado con la Policía para ejercer un mejor control. Consultado si esto coincide con el mapa de la pobreza en la capital y si tal vez la gente sale porque no tiene alimentos, Peña aseguró que se ha llegado a pactos con dirigentes vecinales, mototaxistas y otros gremios para asistir con víveres del bando de alimentos a los que no le llegan los coronabonos. 

Explicó que hay grupos organizados, como las 200 asociaciones de mototaxistas, que han atendido la situación y están ayudando, pero que también hay gente que quiere aprovechar la situación y arma falsas listas de beneficiarios. Estos serán detenidos y procesados. 

En este punto también encuentra otras explicaciones al mayor flujo de personas en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad de 1,6 millones de habitantes, que produce el 70% de los alimentos y tiene una industria que debe seguir funcionando pese a la emegencia para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Asunto de fondos
Consultado sobre si hay problema de recursos entre el Gobierno central y las gobernaciones, Peña explicó que se trata de una situación dura, sin precedentes y eso pone tensión en muchas áreas. 

Cuando se le pregunta sobre la molestia de la Gobernación y la Alcaldía ante la falta de desembolsos para afrontar la crisis desde el nivel central, Peña asegura que se ha presentado un presupuesto y hay un buen ambiente de trabajo con el ministro Wilfredo Rojo, que es parte del Comando Operativo de Emergencia Departamental y del Comité de Crisis.

“Obviamente siempre cuando hay que hablar de recursos, se tensa la situación. Debemos asumir la situación con corresponsabilidad. Si cada uno se pone a llorar con las dificultades que hay, la ciudadanía puede quedar en manos de nadie”, enfatizó.

Consultado cómo está la situación económica de la Gobernación para afrontar los desafíos del Covid-19, Peña admite que el presupuesto de la gestión ha quedado en segundo plano, ya que no solo se lucha contra un problema sanitario, sino de alimentación, en un escenario en el que las propias empresas de alimento tienen dificultades para seguir funcionando. 

Cree que el Gobierno deberá pensar en medidas de alivio económico cuando se vuelva a la normalidad. “Lo que nos preocupa es salvar vidas y después el tema de los presupuestos y las obras”, dice.

Cuando se le consulta qué pasará con las empresas constructoras y proveedores a los que la Gobernación les adeuda, explicó que tomaron tres medidas hace más de un mes: paralizar todas las ejecuciones de obras de inversión pública, detener las licitaciones y dejar para después qué pasará con el tema de la deuda de la Gobernación y el desplome de sus ingresos por la bajada de los precios del petróleo. Básicamente, el presupuesto de la Gobernación está compuesto por transferencias de IDH y regalías. 

Cree que cuando la crisis pase, el Gobierno central deberá desempolvar la propuesta de la Gobernación de celebrar un pacto fiscal, redistribuyendo los ingresos nacionales de forma más equitativa entre municipios, gobernaciones y universidades.