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Los 25 juicios de responsabilidades en contra de expresidentes de Bolivia que se encuentran instalados en la Asamblea Legislativa Plurinacional serán reconducidos, de oficio, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y serán juzgados por un tribunal de sentencia y otro de apelación. Esto, por la aprobación en el Senado de la reformulación de la Ley 044, de juicio de responsabilidades.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Efraín Chambi (MAS), afirmó ayer que el Legislativo tiene, hasta el momento, 21 juicios en el marco de la Ley 2445, la que juzgaba a altas autoridades del Estado; además hay otros tres juicios abiertos con la Ley 044. En ambos casos los procesos deberían ser ante el TSJ en única instancia, pero luego de la reforma, la sala plena del Tribunal se divide en dos salas.

Según el senador oficialista, ahora habrá tres magistrados que conformarán el Tribunal de Sentencia y otros tres el Tribunal de Apelación; un magistrado oficiará de control jurisdiccional; finalmente, los dos restantes estarán presentes cuando se produzcan imponderables, como excusas o recusas a cargo de los procesados.

Violando la CPE
Pero la postura de los opositores no es la misma. El senador Edwin Rodríguez afirmó que la Constitución Política del Estado (CPE) estabelce el juzgamiento en única instancia y que ahora el MAS la quiere cambiar con una ley.

El opositor mencionó que el inciso 4, del artículo 184 de la Carta Magna, señala que los mandatarios serán juzgados en única instancia por un tribunal colegiado del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, el senador Rodríguez afirmó que para introducir los cambios propuestos por el oficialismo es necesario promover una reforma a la Constitución Política del Estado.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, que ayer evitó responder preguntas de la prensa, reiteró que este cambio no beneficia a los actuales mandatarios.

Sin embargo, el senador opositor Arturo Murillo (UD) afirmó que el oficialismo promovió la reforma de la Ley 044, aprovechando sus dos tercios, para proteger, en el futuro, al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera de posibles juicios de responsabilidades