La Federación de Asociaciones Municipales (FAM), a través de un proyecto de ley, propuso recibir los dineros que se descontaban para promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (Ley 767).

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16 de abril de 2020, 6:24 AM
16 de abril de 2020, 6:24 AM

Luego de 36 días de que la pandemia del Covid-19 afectó la salud de la población boliviana y la economía, las gobernaciones, municipios, los grandes, medianos y pequeños empresarios aprietan al Órgano Ejecutivo con proyectos y planes para soltar mayores recursos con el afán de preparar el camino para sostener la economía regional, después de la emergencia médica.

En las últimas semanas, el Gobierno ha creado bonos y planes económicos que benefician a los 11 millones de habitantes, según el ministro de Economía, José Luis Parada. Pero a medida que se expande la cuarentena, los recursos parecen más escasos.

El Banco Mundial (BM) aconsejó en las últimas horas, no gastar todos los recursos que se tienen y guardar “un margen para los próximos meses”.

El Sector empresarial

La Confederación de Empresarios privados de Bolivia (CEPB) y sus afiliados sectoriales, también han presentado proyectos para la reactivación económica.

El presidente de la CEPB, Luis Barbery pidió al Banco Central de Bolivia (BCB) dar liquidez a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para que los aportantes retiren hasta un 10% de sus fondos o que el sistema financiero otorgue préstamos a los trabajadores, con la garantía de los aportes para la jubilación. Con esa propuesta se inyectaría hasta $us 1.900 millones a la economía boliviana.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), propuso priorizar iniciativas para enfrentar una posible crisis económica y recomendó que el Gobierno Nacional realice lo antes posible el pago a los proveedores para asegurar la liquidez de las empresas; que se abran mercados externos para facilitar el acceso a nuevas oportunidades de negocio y que se cree un fondo de reactivación económica para los empresarios y para preservar los empleos, entre otros puntos.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), resaltó que el gobierno proyecte un escenario de alivio temporal y paliativos para sostener el empleo. Pero añadió que las medidas deberán ser profundizadas con otras que se implementen dentro de los seis meses siguientes.

“Deben ir diseñando reformas en varios otros sectores, como el de inversiones, comercio, laboral, derechos de propiedad, y también pueden especificarse a nivel sectorial: industria manufacturera, minería, sector farmacéutico, etc. Esto en la perspectiva de relanzar la actividad económica con un nuevo impulso que permita superar el patrón primario por medio de la inyección de nuevos recursos de inversión y por la mejora en la productividad y competitividad”, expuso el gerente de la Caneb, Marcelo Olguín.

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, coincidieron en que este sector, es uno de los más afectados por los proyectos paralizados de los empresarios, que repercuten en el no pago de salarios de los más de 460.000 obreros.

El gerente de Cadecocurz, Javier Arze, dijo que el sector presentó un proyecto al Gobierno, para que las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, cancelen todas las deudas que tienen con empresas por adquisición de bienes y servicios, que deberán estar pagados hasta fin del mes de abril, lo que supondrá unos Bs 5 millones.

Además, proponen postergar las presentaciones y el pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales hasta el mes de octubre de 2020; habilitar una línea de crédito de liquidez de emergencia de hasta Bs 7 millones; limitar el incremento salarial del año 2020, tanto del haber básico como del Salario Mínimo Nacional (SMN), al 1,47% equivalente a la inflación del año 2019 para que los salarios no pierdan poder de compra pero que su subida no afecte mayor medida la delicada situación de las empresas, entre otras propuestas.

Mayor déficit

Consultado, el analista económico de la Fundación Jubileo, René Martínez, reconoció que la economía boliviana ya estaba en problemas antes de la crisis por el Covid-19 y cuestionó a las autoridades del gobierno anterior, de no tomar medidas para ahorrar recursos en época de la bonanza que se dio antes del 2014.

“Ya advertimos esta situación que ameritaba reformas a la política económica. Con el coronavirus, la situación se pone más complicada. Hay una caída de los ingresos por la baja del precio del barril del petróleo y en los ingresos por la recaudación impositiva. Por el lado de los gastos, hay dos tendencias: se va a limitar las posibilidades de la inversión pública en este tiempo de la cuarentena, mientras se mantengan las disposiciones de distanciamiento social. La otra tendencia es que hay una necesidades y demandas de diferentes sectores para atender el coronavirus para atender la emergencia de la pandemia que demanda recursos del estado y por otro lado, para atender los efectos de la economía. Se podría adelantar que al final de la gestión, se va a tener un déficit mayor de lo que se había presupuestado (cercano al 7%)”, manifestó Martínez.

Municipios

Ante todo este panorama, uno de los planteamientos de los subnacionales, es el que presentó en los últimos días, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que aglutina a los 339 municipios, a través de un proyecto de ley para poder recibir los dineros que se descontaban para promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (Ley 767).

“Como sistema asociativo municipal, hemos planteado al Gobierno central y a la asamblea Legislativa, la propuesta de derogar o dar una pausa a la ley 767 que implica el descuento del 12% al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las alcaldías, gobernaciones y universidades. Esos recursos que ascienden unos $us 500 millones acumulados. Pueden retornar a estas instituciones para encarar con mejores condiciones a la lucha contra el coronavirus, pero también, que permitan aplicar programas de reactivación económica”, sostuvo el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz.

“Los recursos de la Gobernación y del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra son insuficientes. Necesitamos la ayuda del Gobierno nacional”, declaró Raúl Hevia, secretario municipal de Salud.

Gobernaciones

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, ya solicitó al Gobierno central Bs 11,9 millones para afrontar la pandemia del coronavirus.

El gobernador de Chuquisaca, Efraín Balderas, también busca el apoyo de instancias nacionales e internacionales para afrontar la crisis en el departamento.

El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro, aseguró que no se ha recibido apoyo del Estado para la prevención de este virus, aunque ha podido designar nuevos recursos económicos no presupuestados, de alrededor de un millón de bolivianos.

El jefe de prensa de la Gobernación de La Paz, Edgar Ramos, expresó que la institución aún guarda un presupuesto que estaba asignado para emergencia durante la época de lluvias, pero cree que a futuro, habrá la necesidad de requerir más presupuesto.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña denotó que entre el Gobierno central y las gobernaciones, hay una situación dura, sin precedentes, lo que pone tensión en muchas áreas.

“Siempre, cuando hay que hablar de recursos, se tensa la situación. Debemos asumir la situación con corresponsabilidad”, expresó. La Gobernación cruceña ha presentado un presupuesto al Ejecutivo y espera seguir negociando con un buen ambiente de trabajo para conseguir recursos.