Aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero aseguró que las elecciones generales se realizarán este año y solicitó comprender el rango de plazos que establecieron en el proyecto de ley; la bancada del MAS, en la Cámara de Diputados, se impuso y le negó ese pedido. El MAS aprobó que las elecciones sean en un plazo de 90 días a partir de la promulgación de la ley.

“Este proyecto nos fija un marco de fechas que está pensado en tener la elección en 2020 para que elijamos nuevas autoridades con legalidad y legitimidad. Al mismo tiempo, establece que tengamos todas las posibilidades de llevar este proceso en las mejores condiciones técnicas y de salud”, dijo en su exposición el presidente del TSE ante los legisladores.

Salvador Romero acudió al pleno de la Cámara de Diputados para explicar el proyecto de Ley de Postergación de Elecciones y dijo que se cambió el rango del plazo porque el Gobierno amplió la cuarentena y no existe, en este momento, ninguna actividad administrativa.

Aclaró que el proyecto no señala una fecha en específico para las elecciones y que en función de los informes técnicos y científicos ellos podrán asumir una decisión final antes del plazo. “Eso significa que el TSE puede convocar a elecciones cualquier domingo en el rango que está planteado”.

El nuevo rango fijado es entre el 28 de junio al 27 de septiembre.

Romero explicó largamente todas las preguntas de los legisladores y aseguró que ninguna de las entidades internacionales de salud definirá la fecha de elecciones, sino que sala plena del TSE tomará en cuenta las opiniones de los especialistas y en función de eso, se decidirá la fecha.

Más adelante dijo que tampoco podía mencionar una cifra del monto adicional que se requerirá para el proceso y explicó que en este momento no se sabe qué procesos fueron interrumpidos o qué medidas de salud pueden recomendar los técnicos.

Recordó que, hasta ahora, el TSE llevó adelante el proceso con un presupuesto inferior al que se aprobó para las elecciones de 2019 y que ese mismo espíritu primará en el momento de definir los costos.

El debate

La explicación de Romero duró hasta las 13:00 aproximadamente y los diputados retornaron a su debate a las 13:30 y empezó la pugna de fechas y acusaciones.

Los diputados de UD argumentaban que se debía velar la vida y que en este momento no se puede pensar en comicios porque hay una emergencia sanitaria.

El otro bloque, conformado por el MAS dijo que se debe respetar la emergencia pero que hasta el momento el Gobierno no supo enfrentar los problemas que existen y solo provoca mayor malestar en la población y además persigue a todos aquellos que protestan o critican el papel que realizan.

Frente a las posturas divididas, se impuso el voto nominal, es decir que cada diputado debía fundamentar su voto y que tenía dos opciones:

La primera, por ratificar la propuesta del TSE y aprobar el rango del 28 de junio al 27 de septiembre. La segunda opción era la de otorgar un plazo de 90 días al TSE para que se realice la elección en todo el país.

Ahí el MAS se volvió un cuerpo y salvo algunas legisladoras que mantuvieron su posición, se aprobó la segunda propuesta y el artículo 2 de la ley, fue modificado con el siguiente texto:

“El proceso electoral se realizará en un plazo no mayor a los 90 días a partir de la promulgación de la presente ley. La definición se realizará mediante resolución expresa, conforme a criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral y científicos provenientes de los organismos especializados, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las circunstancias permitan, y que no impliquen la propagación del Coronavirus (Covid-19) y los consiguientes riesgos para la vida y la salud de los bolivianos en territorio nacional y en el extranjero”.

De igual forma, se introdujo una disposición transitoria única que define que los ciudadanos que fueron depurados puedan acudir a una apelación ante el TSE u otra instancia como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que sean restituidos en el Padrón Electoral.

El resto de los nueve artículos que tiene el proyecto fue un trámite administrativo y nadie observó ninguna redacción y fue aprobada tal cual.

Ahora, el proyecto pasó al Senado, donde debe tener un trámite similar.