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Los militares que participen en el control de manifestaciones en Venezuela están autorizados a utilizar armas de fuego en situaciones de "riesgo mortal", según una controvertida resolución del Gobierno publicada en la gaceta oficial.

En la resolución, que enumera normas sobre la actuación de elementos de la Fuerza Armada al momento de ejercer "funciones de control del orden público" en manifestaciones, se autoriza el "uso de la fuerza" gradual "partiendo de la presencia ostensiva, hasta el uso del arma de fuego".

Más adelante, se establece en un recuadro el "uso progresivo de la fuerza" y en el caso de que se desencadene una situación de "violencia mortal", el funcionario militar podrá responder "con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal".

Esta normativa se publica a unos días de que se cumpla un año del inicio de la ola de protestas opositoras, que de febrero a mayo de 2014 sacudieron a distintas localidades de Venezuela con saldo de 43 muertos.

Las manifestaciones antigubernamentales, principalmente en Caracas y en la fronteriza San Cristóbal (oeste), terminaban habitualmente en refriegas callejeras con encapuchados lanzando bombas incendiarias y las fuerzas del orden respondiendo con gases, chorros de agua y, en algunos casos, balas de goma.

"Jamás se puede dejar a la discrecionalidad de un funcionario, menos aún de un elemento de un órgano represor, determinar in situ si se trata de una amenaza mortal", manifestó el abogado constitucionalista y catedrático universitario Tulio Álvarez.

Para el experto en derecho, autorizar el porte de arma de fuego en manifestaciones "abre la puerta a atentar contra el derecho a la vida" y "atenta contra la Constitución y pactos regionales e internacionales" suscritos por Venezuela.

Una norma "peligrosamente ambigua"

Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadadano y experta en seguridad, consideró "75% positivo" que se regule la actuación de militares, pero consideró "peligrosamente ambigua y controversial" esta normativa.

"Se autoriza a los militares intervenir cuando se rebase a las autoridades civiles, pero hay mucha ambigüedad en qué circunstancias. Y hay aspectos de discrecionalidad, como determinar una "amenaza mortal", que pueden ser muy peligrosos para la vida de las personas", dijo.

En su informe anual presentado el jueves, Human Rights Watch resaltó en el caso de Venezuela que las fuerzas de seguridad "han empleado rutinariamente un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes", y advierte incluso de "disparos de armas de fuego" por parte de los uniformados.

Al calor de las protestas, oposición y organizaciones sociales acusaron a las fuerzas del orden de abusos, excesivo uso de la fuerza y detenciones arbitrarias, mientras que el Gobierno denunciaba a "terroristas" que destruían unidades de transporte e incendiaban edificios públicos.

Entre los 43 fallecidos en las protestas se registraron contados casos de muerte por arma de fuego en medio de acusaciones mutuas entre gobierno y opositores de contar con francotiradores.